El juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Chepén, Wilson Manayalle Sánchez, declaró fundada la solicitud del Ministerio Público, para instalar la etapa de control acusatorio en el proceso penal (Exp. 562-2013-JPIPCH) que se sigue al exalcalde Wilfredo Quesquén Terrones y exfuncionarios de su gestión.  Así lo determinó en audiencia pública en la que se vio la solicitud.

El fiscal anticorrupción de La Libertad, Regis Oliver Chávez Sánchez, tiene a su cargo la investigación de un proceso por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad Provincial de Chepén.

El caso tiene que ver con la probable compra fraudulenta de 1,058 bolsas de cemento para obras en calles de la parte alta de la ciudad de Chepén. Se hizo aparecer que el cemento había sido entregado a la MPCh, pero al ingresar la administración del alcalde David Lías Ventura -al decretar el JNE la vacancia del titular Quesquén Terrones- se descubrió que el cemento jamás llegó al almacén municipal. Sin embargo había documentos que afirmaban lo contrario. El hecho fue dado a conocer a la prensa por el gerente municipal de esa época, Juan Julio Mori Vera, y luego se procedió a la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.

Solo después de la denuncia, el proveedor procedió a la entrega.

Solo después de la denuncia, el proveedor procedió a la entrega alegando que se le había pedido estar encargado de la custodia del cemento hasta el momento que se le requiriese para emplear en la pavimentación de las calles Las Lilas, Los Pinos y otras. Pero, esas arterias ya habían sido pavimentadas.

Los comprendidos en el proceso son el exalcalde Quesquén Terrones, el exgerente municipal Jaime Guanilo Díaz y los funcionarios ediles de esa gestión: Ellen Haydee Bracamonte Goicochea, Luis Alfredo Chafloque Neciosup, Javier Julca Verástegui, Martín Antonio Torres Pérez, Enrique Toro Montenegro. También está comprendido el proveedor Hugo Ahumada Fernández, titular de la Ferretería Mafer. Ahumada cerró los negocios ferreteros que tenía en Chepén y Guadalupe, tras el escándalo.

En la audiencia, el fiscal Chávez Sánchez explicó al juez los fundamentos de su acusación. Dijo que en un solo día (20 de diciembre de 2012 a las 2 pm), se hizo la compra. Ese mismo día se consiguió la certificación presupuestal, y el alcalde Quesquén aprobó las bases para la adquisición. Además se conformó un comité para ese proceso de selección.

“Es un contubernio y pacto colusorio”, afirmó el fiscal, añadiendo que el cemento debió ser entregado en almacén municipal el 28 de diciembre 2012. Pero, no se cumplió pese a que se había cancelado ya el valor de la adquisición.

En la etapa de investigación preparatoria, el fiscal Oliver Chávez ha encontrado indicios de la comisión de delito. Desde el 2014 venía solicitando ante el JIP, instalar audiencia de control de acusación. Pero las audiencias de frustraban por diversas causas, particularmente la ausencia del abogado de alguno de los imputados. Finalmente, el último lunes (12 junio 2017) el mencionado Juzgado realizó audiencia y el juez Manayalle declaró fundado tal requerimiento.

El juez Manayalle Sánchez consideró que existen indicios de la comisión del delito que se denuncia por lo que la solicitud fiscal era procedente. Al finalizar la audiencia, y abordado por la prensa, el magistrado declaró que tomó la decisión considerando la existencia de indicios y que no había evidencias para archivar el caso. 

“Se trata de un expediente antiguo que ha venido frustrándose, lo hemos sacado y hecho malabares y finalmente se ha logrado, que era nuestro propósito”, expresó.

Rechazó sobreseimiento

En la audiencia y previo al dictamen del juez Manayalle, la abogada Rosa Ledesma Alcántara, pidió el sobreseimiento (archivamiento) de la denuncia contra su patrocinado Javier Julca Verástegui.

Su argumento fue que Julca solo se limitó a cumplir con su función como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la MPChepén y por eso expidió certificación presupuestal para la cuestionada compra. Respecto a la celeridad con que actuó dijo era muestra de eficiencia.

El fiscal se opuso señalando que no solo se trataba de celeridad en un acto funcional, sino de la actitud de todos los participantes en el proceso en el que se denotaba colusión.