Una comisión especial determinará la gravedad de presuntas irregularidades en el uso que se dio a una transferencia de dinero hecha por el Gobierno Central a la Ugel Chepén para atender daños a locales de instituciones educativas de esa provincia, a consecuencia del Niño Costero.

La partida de S/ 533,203.00 llegó a través del GRLL, por lo que el consejero Frank Sánchez Romero se interesó en el tema cumpliendo sus funciones de fiscalización, según dijo a la prensa.

Explicó que llegó a la Ugel acompañado de un ingeniero y una abogada de asesoría legal del GRLL, y en compañía de la directora de la entidad, Ruby Fernández, recorrió en forma aleatoria algunos locales escolares.

Sánchez mencionó una visita a Cerro Colorado donde se asignó al centro educativo de ese lugar una partida de S/ 10.300, atendiendo al expediente técnico previamente elaborado. Sin embargo, se ha comprobado que los trabajos previstos no se realizaron conforme al expediente técnico y la inversión sólo habría sido de mil soles.

En la IE Cristo Rey, más conocido como Cotipa, en Pacanguilla, se habría repetido la misma figura. La empresa contratista solo ejecutó trabajos que significarían una inversión de alrededor de mil soles, pero el expediente técnico se refería a un presupuesto de 8 mil soles.

Indicó que hay serios indicios de irregularidades que comprometen a personal de la Ugel. Adelantó que, por ejemplo, una resolución de Ugel que aprueba la forma de administrar la partida es del 27 de abril. Sin embargo, con fecha 3 y 4 de abril ya se había autorizado el pago a dos empresas, es decir antes de emitirse la resolución se giraron cheques por trabajos no realizados.

El consejero Sánchez dijo que no silenciará casos de corrupción y está dispuesto a llevar este  tema a sesión del consejo regional con el fin de que se intervenga, y se fiscalice las inversiones en otras provincias.

Indicó que han acordado, con la directora de la Ugel, constituir una comisión para inspeccionar todas las IIEE donde se destinaron partidas para atender las emergencias causadas por el Niño Costero. Personal técnico de la Ugel y del GRLL visitarán los locales para establecer si la inversión se realizó en los montos establecidos en los expedientes técnicos y conforme a lo previsto en los mismos.

Precisó que la comisión investigadora se encargará de establecer a los presuntos responsables los cuales deberán ser investigados por el Ministerio Público.

Rechazó acusaciones formuladas por Juan Carlos Cabrera Merino, exadministrador de la Ugel Chepén, y lo retó a probarlas invocando a los conductores de medios de comunicación a solicitarle al denunciante las pruebas respectivas.

HABLA LA DIRECTORA

Por su lado, la directora de la Ugel  Chepén, Ruby Fernández, confirmó la constitución de una comisión para investigar las presuntas irregularidades que se han detectado.

Fernández se refirió a un comunicado emitido por la Ugel a fin de aclarar una “nota de prensa de que él (Cabrera Merino)  había presentado su carta de renuncia, yo solamente quería aclarar que la Ugel dio por concluida su labor (…) si hay alguna situación irregular nosotros adoptaremos las acciones legales”.

Dijo que tras la separación de Cabrera, la oficina de Administración fue encargada a la funcionaria Emma Chávez, quien ha desistido -por razones de salud- de continuar al frente por lo que se iba a designar a otra persona.

Indicó que el dinero para atender las emergencias derivadas del Niño Costero, llegó directamente a las Ugel para ser manejado por administración. El área que requirió este servicio fue la de AGP. La Ugel está en compromiso de verificar las inversiones; en abril no se pudo realizar porque Administración –que contrató e hizo las compras directas- no informó oportuna ni adecuadamente.

Dijo que hubo denuncias de directores de varias instituciones educativas sobre incumplimiento de los trabajos que requerían para los locales por lo que informó a la Gerencia de Educación, y ésta, a su vez, transmitió al consejo regional.

Agregó que la semana pasada llegó el consejero regional Frank Sánchez, para hacer verificación de los servicios que ha dado la Ugel a las instituciones educativas y establecer las presuntas irregularidades comunicadas.