Los abogados de la defensa técnica de los policías presuntamente involucrados en el hurto de combustible, apelaron a todos los argumentos posibles para que el juez Luis Pérez León declarase infundada y/o improcedente el requerimiento fiscal de prisión preventiva.

Confundió autor por cómplice

Luego de que el fiscal expusiera, el primero de los abogados en ejercer defensa fue Jesús La Rosa Espinoza, patrocinando a Percy Alvaro Tocas Ramírez. 

Apeló a que se debería tener en cuenta preceptos constitucionales. Se equivocó respecto de la calificación jurídica que el fiscal hizo de su defendido. El fiscal había sindicado a Tocas como presunto autor del delito. Pero el abogado La Rosa se refirió en sus alegatos al "cómplice primario".

Dijo que a su patrocinado, el fiscal le hacía una imputación sesgada; que no había nada probado, pues la empleada del grifo La Esperanza había declarado que el policía Tocas tras haber pedido medio galón de gasolina le dijo que más tarde regresaría por el resto. Pero su defendido ya no pudo hacerlo porque lo detuvieron. Habló de una conducta neutra, puso énfasis en la declaración de la empleada Ana Jaell Muñoz Cruzado, que tal como lo declarado por la otra empleada – Santos Virginia Armas Tirado- los policías siempre regresaban a completar el resto de su dotación más tarde.

Remarcó que en el supuesto negado de que existiese responsabilidad, en todo caso podría ser infracción de deberes, desechó hubiese relevancia penal.  Dijo que los hechos no estaban en discusión, pero sí puso objeciones sobre la prognosis de la pena referida al tipo de calificación que le había dado el fiscal. En el extremo, también negado, de un supuesto peculado doloso, la pena no sería mayor de 2 años, argumentó. Sustentó que su patrocinado tenía arraigo familiar y laboral, descartó el pedido de fuga, por lo que solicitó se declare infundado el requerimiento fiscal.

Quesquén por Terrones

Por el SOS PNP Segundo Alberto Terrones Ramírez alegó el abogado Wilfredo Quesquén Terrones. 

Su defensa se basó en la trayectoria de su patrocinado quien tiene 30 años un mes de servicio en la Policía sin haber tenido jamás una sanción.

Se refirió a la calificación de presunto cómplice primario que había dado el fiscal rechazándola. Indicó que Terrones solo estuvo encargado del almacén por algunos  días, que él no tenía responsabilidad alguna en la imputación que se le hacía. 

Rechazó el cuestionamiento fiscal respecto de su supuesta doble dirección domiciliaria, indicando que una era la casa de su madre. Pidió al juez declarar improcedente el pedido fiscal.

Que regresaría 

El letrado Augusto Sanjinez Ramos cuestionó los elementos de convicción expuestos por el fiscal. Dijo que su patrocinado iba al grifo, era atendido por la expendedora, firmaba el voucher y se retiraba. La empleada había declarado que el policía Muñoz decía que en la tarde regresaría por el faltante de combustible si es que había.

Se refirió a que el Ministerio Público solo había presentado la declaración de la testigo sobre la conducta atípica de su patrocinado que no tenía mayor relevancia jurídica en la calificación del tipo penal hecho. Dijo que no había convicción de lo dicho por el fiscal.

Respecto de la prognosis de la pena alegó que fiscalía siempre comete un error entre ésta y la gravedad de la pena.

Dijo que le parecía grave lo dicho por el fiscal que se preocupase por la imagen de la Policía antes que la libertad de una persona. Remarcó que no existía ningún elemento que vinculase a su patrocinado con  los hechos denunciados que consideró irrelevantes.

También se refirió a los conceptos y consideraciones del arraigo respecto al pedido de prisión preventiva. Puso como ejemplo un hecho ocurrido en Moquegua sobre caso de homicidio calificado. Pidió declarar infundado el pedido fiscal.

Tras conocer la decisión del juez de mandar a prisión preventiva a los tres policias, los abogados anunciaron que apelarán.