Lo que se esperaba: acciones concretas y sin demora contra el desorden y la criollada de los invasores no es asumido por las autoridades municipales.

Invasiones en diferentes sectores de Pacasmayo se han instalado y se burlan de la autoridad, aunque los más avispados empiezan a pensar que se está empujando un "arreglo" para los que ocupan terrenos del Estado, merced a nuevos compadrazgos o lealtades políticas.

Esto debe desestimarlo con acciones tajantes la autoridad elegida para ordenar y desarrollar la ciudad con criterio, pero sobre todo respetando la ley.

En La Palmera, El Porvenir, Alto Nuevo Pacasmayo, y la siempre codiciada zona de la ribera del mar, camino a la Playa El Faro, las invasiones se instalan. La actuación de los gobiernos anteriores ha sido con responder con diferente vara, según las conveniencias. Se ha sabido que por ejemplo, en la zona de la ribera, desde el Hotel El Faro Resort, las invasiones avanzan ante la perpleja mirada de los ciudadanos.

En esta cotizada zona, hasta ahora no se interviene a pesar de que los ocupantes precarios se han asentado sobre un área que no tiene planificación aún en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. En ese lugar, la única independización de área gestionada y lograda por la MDP es la que se hizo para la franja de un ancho de 60 metros que se extiende entre Pacasmayo y El Milagro, donde se construirá La Costanera. Las invasiones están sobre esa independización, propiedad del Estado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que esa zona no tiene habilitación urbana, Registros Públicos no aceptaría su inscripción a particulares.

"En la cotizada zona de la ribera de El Faro hasta ahora no se interviene a pesar de que los ocupantes precarios se han asentado sobre un área que no tiene planificación aún en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo".

— UNDiario

Un supuesto "arreglo" con los invasores solo puede convertirse en un arreglo implícito con todas las invasiones del distrito, actuales y futuras. Así como los argumentos para ordenar están en las normas y las conocen las municipalidades, esos argumentos pueden ser los elementos que los órganos de fiscalización y anticorrupción del Estado pueden utilizar para fundamentar posibles denuncias por inacción o complicidad de la autoridad con invasores que se apropian de terrenos del estado, y no precisamente por necesidad de vivienda.