Desmantelar Corrupción No Es Tarea Fácil



La actualidad nacional nos tiene sumidos en el desvelamiento de una trama corrupta que ha copado las instituciones del Estado (ex CNM, Ministerio Público, Corte Superior de Justicia del Callao, Corte Suprema y el Congreso de la República), y, tal como dijimos en un artículo anterior (31/07/2018), desmantelar este tipo de corrupción nunca iba a ser tarea fácil si no se cuenta con la voluntad política. La calle grita “pena de muerte para los corruptos”; sin embargo, hay que entender, de una buena vez, que esta medida es, jurídicamente, imposible.

Si, como hasta ahora (después de varios meses), todavía no podemos sacudirnos del caso “CNM – Audios” y sus efectos colaterales, definitivamente, ya debemos asumir que la prevención, como medida de lucha contra la corrupción, ha fracasado, porque no existe esa voluntad requerida del sector político que tiene, precisamente, el poder de decisión y que reside, en la actualidad, en el Congreso de la República. Se hace necesario otro tipo de respuesta, de ataque directo y frontal, tal como se hace contra las mafias del crimen organizado. Dicha respuesta debe partir necesariamente, por mandato legal y constitucional, del propio Ministerio Público.

Al respecto, ya desde el año 2000, Robert Klitgaard, experto en el tema, recomendaba hacerle frente a este tipo de corrupción arraigada, fortaleciendo las instituciones públicas, lo que incluye a su vez, el debilitamiento de las instituciones corruptas y la instauración de contramedidas tales como las de infiltración en la red de corrupción para detectar a sus cómplices potenciales, desinformación para generar la desconfianza entre ellos y conocer así, de principio a fin, su modus operandi. Se requiere, además, ponerlos en evidencia frente a la ciudadanía, desestabilizarlos, y, bajo esa presión, la justicia pueda lograr la “colaboración eficaz” de algunos de sus miembros y persuadir a otros, de desertar, de abandonar su trinchera.

Como a ningún político involucrado le interesa tener la razón, sino más bien que el pueblo se la otorgue, tendrán, además del brazo legal que les garantiza su defensa, el tipo de discurso político efectista (fácil de entender) y mediático. Los operadores de la justicia, en cambio, no la tendrán tan fácil, ya que el discurso jurídico es una jerga particular, especializada y como están obligados a actuar con objetividad e imparcialidad y cierto nivel de reserva, para no ser acusados de prevaricadores o abusivos, evitarán todo sesgo político que afecte su credibilidad. Esto claramente se puede notar en estos días, por ejemplo, en el caso de solicitud de prisión preventiva contra “Keiko Fujimori y once personas del partido político Fuerza 2011” por la presunta comisión del delito de lavado de activos, a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, y en el caso “Los cuellos blancos del puerto”, a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Como un hecho inédito en la historia del Ministerio Público, la batalla legal seguirá siendo librada por la parte de la institucionalidad no contaminada. A los ciudadanos de a pie, en cambio, nos corresponde seguir muy atentos y vigilantes, si queremos hacer de nuestra democracia, una cosa algo más decente, digna de ser defendida de quienes la denostan para proponer, en su lugar, modelos autocráticos que tan igual o peor daño le han causado a nuestra bicentenaria república.

Voz de

Abg. Walter Tongombol Zapata