Defensoría del Pueblo: Preocupa que solo un 30% de los casos de feminicidio haya obtenido sentencia condenatoria

Limitaciones en el sistema de justicia favorecen a agresores, tal como ocurrió hace unos días en San Juan de Lurigancho.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia y que está permitiendo la liberación de agresores. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los años 2012 y 2018, apenas un 30% de los casos identificados como feminicidio ha terminado en sentencias condenatorias.

Una muestra de esta situación es el caso de Ángel Pinedo Matamorros, quien salió en libertad en 2017, luego de que culminara el periodo de prisión preventiva que enfrentaba por el feminicidio de su expareja en Villa María del Triunfo, y esta semana volvió a agredir a una mujer, con un arma blanca, en plena vía pública, en San Juan de Lurigancho.

La Defensoría del Pueblo detectó que en el caso contra Pinedo Matamorros hubo fallas tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. El Poder Judicial no aprobó la ampliación de la prisión preventiva, pese que se cumplían los requisitos establecidos para que continuara recluido y no había motivos para darle libertad. Por su parte, el Ministerio Público no apeló esta decisión dentro del plazo legal.

El proceso inició el 02 de diciembre del 2017 y recién el 05 de noviembre de 2018 se concluyó la etapa de instrucción, es decir, un año después. Asimismo, casi dos meses después, recién se elevó el expediente a la Sala Penal de Lima Sur.

“Estas demoras excesivas permitieron la libertad del acusado, quien aprovechó esta condición para incurrir en un nuevo hecho de violencia: una tentativa de feminicidio en el distrito de San Juan de Lurigancho. Debido a esta situación, además de ofrecer seguimiento a este tipo de casos, la Defensoría del Pueblo presentará un informe jurídico con los estándares del marco jurídico nacional e internacional, para que sea tomado en cuenta en la investigación y sanción por parte del sistema de justicia”, informó la especialista de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, Diana Portal.

Violación en Barranca

Otro caso que revela las limitaciones del sistema de justicia es el reciente caso de violación sexual denunciado por una joven en Barranca por parte de tres policías. “La falta de una adecuada capacitación y sensibilización del personal policial ocasiona estos hechos. Demandamos que este delito no solo quede en la prisión preventiva otorgada por el Poder Judicial, sino que se obtenga la máxima sanción para los agresores”, agregó Portal.

Urge que se incluya en las mallas curriculares de los programas de formación policial el enfoque de género y de derechos humanos, pues no basta con el incremento de capacitaciones a comisarías, ya que estas solo poseen un enfoque normativo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 74,1% de víctimas de violencia de género recurren a una comisaría para denunciar; es decir, el contacto con la Policía Nacional representa la primera línea de atención para las denunciantes.

Lima, 7 de noviembre del 2019

Nota de prensa enviada por:

Prensa Defensoría del Pueblo