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Gobierno Regional Contrató Irregularmente Alojamiento Para Cuarentena

15062021 Del 28042020 Traslados Humanitarios

La Contraloría detectó indicios de irregularidad en que habría incurrido el Gobierno Regional La Libertad en la contratación de servicios de alojamiento y alimentación para cuarentena de personas que se encontraban fuera de su domicilio habitual.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 013-2021-CG/OCI-GRLL-AOP, se contrató directamente y sin que el área usuaria tenga competencia funcional con empresas que no cumplían con las exigencias establecidas en la normativa aplicable.

El GRLL otorgó conformidad sin realizar supervisión al servicio, conllevando al pago de servicios no prestados, además halló que faltó regularizar una contratación directa, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública y el uso de los recursos públicos, ocasionando un perjuicio económico al Estado Peruano.

A un mes de la declaratoria del estado de emergencia, mediante el Decreto de Urgencia 43-2020 del 20 de abril 2020, se autorizó a los Gobiernos Regionales de manera excepcional, efectuar contratación de servicios para el alojamiento temporal de cuarentena por 14 días, con alimentación incluida para personas que retornaban a sus domicilios provenientes de otras regiones.

El GRLL contrató el 16 de abril 2020 el servicio de alojamiento y alimentación de 73 personas en el hotel L&R Turismo y Comercio S.A.C. sin que exista, a esa fecha, la normativa para el caso.

En este sentido, el GRLL contrató el 16 de abril 2020 el servicio de alojamiento y alimentación de 73 personas en el hotel L&R Turismo y Comercio S.A.C. sin que exista, a esa fecha, la normativa para el caso.

A ello se suma que el GRLL contrató directamente los servicios de hospedaje y alimentación sin tener términos de referencia en los que se describa la finalidad pública y características del servicio.

El encargado de las contrataciones tampoco realizó indagaciones en el mercado para sustentar el valor que se pagó, indica la Contraloría.

Tal como señala el informe de la Contraloría, la gerenta regional de Desarrollo e Inclusión Social, Julia Marleny Soto Deza, no realizó ni tramitó ante la subgerencia de Logística y Servicios Generales, el requerimiento en el cual se establecería las características del servicio prestado. Indica la Contraloría que, por su parte, la subgerencia de logística y servicios generales asignó el valor del servicio diario por persona en S/ 130, sin indagar costos en el mercado; “lo que ha generado que no se haya contratado con hoteles de mejores costos, transgrediendo los principios de contrataciones de eficacia y economía, tal como se evidencia”.

Se añade que la gerenta de GRDIS emitió acta de conformidad del servicio el 21 de mayo 2020 a pesar que no realizó supervisión del mismo.

La contratación no fue regularizada en el plazo previsto por norma, y así quedó confirmado en el informe legal de Milagros Ahon Ríos, abogada de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del GRLL. Señalaba que “no es viable la aprobación de la contratación directa”.

La contratación no fue regularizada en el plazo previsto por norma, y así quedó confirmado en el informe legal de Milagros Ahon Ríos, abogada de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del GRLL. Señalaba que “no es viable la aprobación de la contratación directa”. Pese a ello, el asesor en procedimientos administrativos disciplinarios dio visto bueno consignando en un informe suscrito por la asesora Johanna Patrick Castillo Morales que, “al existir una contraprestación entre el hotel recreo y el Gobierno Regional La Libertad, la entidad cree conveniente, deberá reconocer el pago (…)”.

Así se pagó S/ 132 860, determinando que en un análisis del uso de las habitaciones, se cobró más de lo que el servicio había reportado.

Un segundo caso de contratación fue el tomado al mismo Hotel T&R Turismo y Comercio S.A.C. para atención a 26 personas, del 20 de mayo al 3 de junio 2020. La Contraloría observó que no se tuvo en cuenta la normatividad vigente para una adecuada contratación. El GRLL a través de sus unidades contratantes sólo se limitó a indicar que la habitación era simple y con alimentación incluida sin considerar tipo de raciones alimentarias, frecuencia, medidas de salubridad en preparación y entrega de los alimentos, tipos de envases para los servicios, si había raciones para menores de edad de 6 a 12 meses cuyos alimentos son de características especiales por la edad.

Tampoco se estableció frecuencia y forma de supervisión del servicio, ni las exigencias que un establecimiento en tiempo de pandemia debe establecer como medidas de bioseguridad.

Otro caso similar se produjo en la contratación al mismo hotel T & R Turismo y Comercio S.A.C. para 26 personas, del 9 al 22 de junio, con un servicio no verificados, ni prestados por S/ 45 500.

Este hotel se contrató, dice Contraloría, sin tener en cuenta costos competitivos. Así, del servicio de hospedaje y alimentación, “se concluye que Julia Marleny Soto Deza, gerente de la GRDS, habría favorecido al contratista, otorgando la conformidad pro el servicio de alimentación desayuno y almuerzo, que no fue prestado, por un monto de S/ 47 320”, monto pagado con comprobante N° RDR202 del 8 de julio 2020.

Otro caso similar se produjo en la contratación al mismo hotel T & R Turismo y Comercio S.A.C. para 26 personas, del 9 al 22 de junio, con un servicio no verificados, ni prestados por S/ 45 500.

La Contraloría también observó los servicios contratados al Gran Hotel Bolívar S.A.C. para 44 personas, del 14 al 27 de mayo, donde se pagó servicios que no fueron supervisados por S/ 62 462 y S/ 17 618.

Para la Contraloría, de las 4 contrataciones antes señaladas, se pudo determinar el perjuicio económico de S/ 5,918.98 al haberse contravenido la Ley de Contrataciones del Estado y normas vigentes.

La Contraloría ha resaltado en las conclusiones que “de la evaluación a los hechos identificados, se han advertido indicios de irregularidades que afectarían la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado”.

Los hechos fueron puestos en conocimiento por el jefe del OCI del GRLL, Julio Ernesto Pacheco Marchena al gobernador regional Manuel Llempén Coronel para que adopte las acciones que corresponda ante los indicios de irregularidades hallados.

El informe conteniendo las irregularidades expuestas fue publicado el 31 de mayo último, prácticamente a un año de los sucesos.

En el caso del valle Jequetepeque, hubo que insistir por varias semanas para que trasladen a un grupo de ciudadanos de Lima a diferentes ciudades de esta jurisdicción. Muchos desistieron y eligieron caminar a lo largo de la carretera.

INSUFICIENTE

Cabe anotar que pese a que el GRLL destacó el traslado de viajeros, un alto número quedó varado y se trasladó caminando, especialmente desde Lima a Trujillo, debido a que no conseguían cupo en los registros que abrió el gobierno regional.

En el caso del valle Jequetepeque, hubo que insistir por varias semanas para que trasladen a un grupo de ciudadanos de Lima a diferentes ciudades de esta jurisdicción. Al final se logró el traslado en ómnibus, pero cuando muchos habían desistido y eligieron caminar a lo largo de la carretera.

YA HUBO DOS INFORMES DE CONTRALORIA EN EL 2020 POR SIMILARES CASOS

Los casos ya habían sido expuestos por la Contraloría el año pasado. El Informe de Control Específico N° 040-2020-2-5342-SCE evaluó el período del 15 de abril al 30 de junio, y fue emitido en diciembre 2020; mientras que el Informe de Servicio de Control Específico N° 034-2020-2-5342-SCE, que tiene un periodo de evaluación del 15 de abril al 31 de julio de 2020, publicado en noviembre 2020, identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa en seis funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad.

El Informe de Control Específico N° 040-2020-2-5342-SCE concluyó que se otorgó conformidad para pago de alojamiento y alimentación de 11 personas a pesar de que no correspondía, de un total de 126 personas, y no se regularizó la contratación, directa ocasionando perjuicio de 16 mil 184.08 soles. En este, se contrató con el Gran Hotel El Golf Trujillo SA-Hotel Costa del Sol.

El Informe de Servicio de Control Específico N° 034-2020-2-5342-SCE precisó que el área usuario contrató directamente, sin tener competencia, con una empresa que no cumplía las exigencias de la normativa y se otorgó conformidad sin observar términos de referencia ni la tarifa por persona. Se pagó servicios menores a 8 UIT ocasionando perjuicio de 69 mil 180.40 soles. En este se contrató con Hotel Médano, Hotel El Fraile y Hostal Luana.

En su momento, la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad, Julia Soto Deza, ante el consejo regional negó presuntas irregularidades en la contratación de centros de hospedaje para el alojamiento y aislamiento de personas trasladadas durante la cuarentena por el Covid-19.

Hasta donde se sabe, el caso mereció la intervención del Ministerio Público.

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