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Esclarecer Asesinatos es Tarea de Ministerio Público y Policía

El 3 de marzo, el 10 de marzo y el 21 de marzo del 2021 fueron asesinados en San Pedro de Lloc, los ciudadanos Fernando Castro Mendoza, William Lázaro Espinoza Robles y Celso Daniel Grados Lachos; tres crímenes que siguen sin ser esclarecidos y sin que se tenga a los culpables respondiendo ante la justicia.

Tres homicidios que conmocionaron a la población, y que dejaron familias sumidas en profunda tristeza. Se recuerda que tras el asesinato de Espinoza Robles, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo se sumó a los pedidos de justicia. Antes lo hicieron familiares y amigos, quienes -compartiendo fotografía de la víctima- exigían dar con los asesinos.

A través de la familia de Espinoza Robles se ha podido conocer que no hay avances efectivos o contundentes en la investigación. En la medida de sus posibilidades, la familia ha tratado de aportar lo que sabía o lo que pudo averiguar; pero no perciben un trabajo diligente, ni dedicado en las autoridades.

Con todo derecho, la familia teme por el destino de la investigación. Han reclamado porque el día que la policía revisó la vivienda, tras el hallazgo del cuerpo, no hallaron dos cuchillos y un machete. Estas piezas, que tenían restos humanos, como sangre, piel, cabellos, fueron encontradas por la propia familia, después de sepultar a su ser querido. Qué revisión de la escena del crimen hicieron los policías a cargo de la investigación, que no pudieron encontrar dichos elementos.

Por si fuera poco, hasta donde se le ha informado a la familia, no se han encontrado pistas que conduzcan a los asesinos, ni en la vivienda, ni en los objetos recolectados. Dos meses después del asesinato, es comprensible que se exija avances concretos en el proceso de determinar responsabilidades.

Los familiares de víctimas de delincuentes, sean violadores o asesinos, se sienten obligados a buscar un abogado y a pagar por sus servicios para garantizar la protección de sus derechos e intereses. En un Estado que funciona como la ley manda, esto no debería ser necesario porque con el Código Procesal Penal vigente, quien dirige la investigación es el Ministerio Público, a través de sus fiscales. Los fiscales tienen por función y obligación perseguir el delito, defender la legalidad, defender los derechos de los ciudadanos, los intereses públicos, la ley. En ese marco, los fiscales son los directores de la investigación, disponen diligencias policiales, participan de ellas, con la finalidad de hallar elementos que conduzcan al esclarecimiento y sobre todo para llevar a los acusados ante la justicia. Se reclama que el Ministerio Público y la Policía hagan su mejor esfuerzo para que estos asesinatos no queden impunes.

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