Exigimos Seguridad


Vivir con seguridad en las calles, y con respeto por la propiedad personal, en paz, con tranquilidad, es un derecho que el Estado Peruano debe garantizar para todos los ciudadanos por igual, en todos los rincones del país. La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho “a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

Lamentablemente, como consecuencia de múltiples factores, hace tiempo que la paz se ha ausentado de nuestras provincias. Localidades que se consideraban seguras y de convivencia pacífica son ahora escenario de ajustes de cuentas, balaceras, asaltos, y violentos asesinatos. No se puede negar que estos hechos tienen raíz en graves problemas y de difícil solución como son la corrupción, el acceso a la justicia y la propia institucionalidad. Por ello mismo se debe demandar que en lo que corresponde a nivel local se tiene que luchar contra la corrupción en cualquier entidad y nivel que se presente, y contribuir a fortalecer las instituciones por lo menos a nivel local, contribuyendo de alguna manera a los objetivos mayores.

La seguridad ciudadana debe ser garantizada principalmente por la Policía, que no solo debe cumplir un rol reactivo frente al delito, sino preventivo a través de las acciones de investigación e inteligencia para combatir la delincuencia organizada y la delincuencia común. La policía enfrenta, no se ignora, problemas de equipamiento como la falta de vehículos para el patrullaje, por ejemplo. Pero tal vez el mayor reto para la entidad sea recuperar la mística del servicio en todos sus miembros, desde el que ostenta el cargo más alto.

Sumado a ello, se debe exigir que los comités de seguridad ciudadana de nivel provincial y distrital, que presiden los alcaldes, rindan cuentas de sus avances, de sus limitaciones, de lo que vienen haciendo. No es posible que si la norma contempla la concepción y ejecución de planes, de reuniones de coordinación y el trabajo coordinado de diversas instituciones, nuestras localidades sigan padeciendo a manos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada.

Recuérdese que estos comités son una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana; y se supone que debe articular las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el sector privado. Es lógico preguntarse, si en pleno estado de emergencia, sicarios y delincuentes atacan a personas inocentes y las matan, qué están haciendo los comités de seguridad ciudadana, qué coordinan sus miembros, por qué sus planes no funcionan, si es que los tienen; qué actividades vienen implementando.

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