Jequetepeque  |  

Después de 10 Años Caso de Falsificación Podría Ser Archivado

El juez Leomara Junior Castro Juárez, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Pacasmayo, debe resolver si archiva la acusación o si se debe llevar a juicio a los cuatro involucrados en un presunto caso de falsificación que se denunció en la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, en el gobierno de Pablo Martín Alvarez Castañeda.

La investigación fiscal involucra al abogado Alejandro Merino Huamán como investigado por tres delitos: contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento público, patrocinio ilegal y fraude procesal. Asimismo figuran como investigados el ex alcalde Pablo Martín Alvarez Castañeda, Edgar Quispe Cruz y Blanca Cruz Ramírez, sólo por el delito de falsificación de documento público.

Concluida la investigación preparatoria de la fiscalía, y ya en la etapa de control de acusación, el fiscal del caso Fernando Samamé Cortez ha solicitado sobreseimiento (que equivale al archivamiento) del delito de falsificación de documento para los cuatro imputados, Merino, Alvarez, Quispe y Cruz. Con lo cual solo mantendría acusación contra Merino Huamán, por los cargos de patrocinio ilegal y fraude procesal.

Según el expediente del caso, los agraviados por falsificación y patrocinio ilegal son la Municipalidad Distrital de Jequetepeque y el Jurado Nacional de Elecciones, pero ningún representante de estas entidades estatales se viene apersonando al proceso. En tanto, por fraude procesal, los agraviados son los ex regidores Narda Marroquín, Fernando Isla y Francisco Cruz.

Los hechos se remontan al año 2011, y fueron denunciados en el 2012 por el ciudadano Javier Ponce Riofrío (fallecido).

Según el expediente fiscal, se habrían adulterado dos actas de sesiones de concejo, las del 31 de agosto 2011 y del 17 noviembre 2011, que posteriormente se presentaron ante el JNE para tramitar la vacancia de los entonces regidores Marroquín, Isla y Cruz.

A la fecha, sin embargo, el Ministerio Público asegura que no ha podido reunir suficientes elementos para acusar por el delito de falsificación, debido a la adulteración de las actas.

Recuérdese que en su momento, el propio Álvarez Castañeda dio a conocer la desaparición de los libros de actas del concejo municipal correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.

Cabe anotar que los regidores Marroquín, Isla y Cruz ejercieron férreo control y fiscalización al alcalde de entonces, y -hasta donde se sabe- prófugo de la justicia, Pablo Martín Álvarez Castañeda. Por la captura de Álvarez, el Estado Peruano llegó a ofrecer 25 mil soles de recompensa, aunque sin resultado favorable.

Según la tesis fiscal las actas del 31.08.2011 y 17.11.2011 habrían sido adulteradas para borrar el nombre del abogado Merino Huamán, que figuraba como participante en las sesiones de concejo de esas fechas y como asesor de la MDJ. De ese modo -se presume- se pretendió ocultar la comisión del delito de patrocinio ilegal en que habría incurrido Merino, que en ese momento trabajaba para la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, como asesor legal.

Siempre de acuerdo a la tesis fiscal, posteriormente esas actas adulteradas se usaron en el pedido de vacancia que inició la ciudadana Rosa Rázuri de Cruz, con el patrocinio de Merino Huamán, contra los entonces regidores Marroquín, Isla y Cruz.

Cabe anotar que la solicitud de vacancia que patrocinó el abogado Merino tuvo éxito en el JNE y Marroquín, Isla y Cruz fueron expulsados de sus cargos de regidores.

Como es de verse, es de la presunta adulteración de las actas que se desprenden las acusaciones por patrocinio ilegal (en agravio de la MDJ y del JNE) y por fraude procesal (en agravio de Marroquín, Isla y Cruz).

Entre la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y fraude procesal, el Ministerio Público considera pedir una pena de 3 años de pena privativa de la libertad (8 meses por patrocinio ilegal y 2 años 4 meses por fraude procesal) contra Merino Huamán.

DATOS

Patrocinio ilegal es el delito que comete un funcionario o servidor público que patrocina intereses de particulares ante la administración pública.

Fraude procesal es el delito que se comete cuando, por cualquier medio fraudulento, se induce a error a un funcionario o servidor público para obtener una resolución contraria a la ley.

El juez Castro (que reemplaza al magistrado Luis Alejandro Pérez León, suspendido por Ocma) deberá resolver -en base al expediente del caso que contiene el resultado de la investigación fiscal- si procede el archivamiento de la acusación, tal como ha pedido el Ministerio Público; o si por el contrario se debe llevar a juicio a los cuatro imputados.

Diez años después de los sucesos recién se ha llegado a la etapa de control de la acusación; y el juicio es aún un hecho incierto, ya que toda la investigación podría quedar archivada.

La decisión del juez Castro se conocería el 19 de marzo en audiencia.

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