El Fracaso de la Fiscalización

La Contraloría está impulsando la modificación de las leyes vigentes para que los regidores y los consejeros tengan mayor capacidad de acción en el ejercicio de función fiscalizadora. El contralor Nelson Shack ha reconocido que “Por más esfuerzos que hagan los consejeros regionales y regidores municipales, hoy tienen una capacidad bastante limitada para fiscalizar”.

Respecto a este asunto, la entidad contralora está haciendo su parte, y por un lado ha iniciado un proceso de capacitación dirigido a estas autoridades; y por otro lado está trabajando en un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Se ha revelado que son 30 mil obras públicas y más de 50 mil contrataciones de bienes y servicios que realiza el Estado cada año, y la Contraloría no se alcanza para vigilar todo; requiere de los ciudadanos y de los regidores y consejeros, cuya función principal se supone es la fiscalización, pero no está funcionando.

En ese marco cabe resaltar que en el año 2020, la Contraloría detectó un perjuicio económico de más de 18 millones de soles en 37 instituciones públicas de la región La Libertad. Asimismo detectó a 272 funcionarios o servidores públicos de la región como involucrados en actos con responsabilidades penales, civiles y/o administrativas. Con este panorama se puede afirmar que la fiscalización es un fracaso. Y esto porque las irregularidades más comunes son compras al margen de las normas durante la emergencia sanitaria, incumplimiento permanente de los contratistas con la complicidad de los servidores y funcionarios públicos, incumplimiento de los términos de referencia y expedientes técnicos, no aplicación de penalidades. Hay más. Pero estas son las recurrentes.

Reiteradamente, en esta misma sección, hemos venido reclamando por los resultados de la labor de fiscalización de los regidores. Lamentablemente no se trata solo de voluntad, ni de preparación, ni de atribuciones, como ha dicho el contralor. Un alto porcentaje de regidores y de consejeros están involucrados y son parte operativa y cómplices de la corrupción. Operan a través de empresas proveedoras que mantienen a través de sus testaferros; controlan oficinas públicas en las que colocan como personal a sus allegados; disponen de recursos del Estado a su favor. No es nuevo, esta corrupción tiene años, solo que se va perfeccionando. Lamentablemente la pandemia ha servido para tapar el accionar delincuencial de sujetos que siendo elegidos para ejercer control sobre el despacho de alcaldía han terminado aprovechándose para engrosar su patrimonio personal. Ojalá que prospere el proyecto de Contraloría y que los escasísimos regidores y consejeros que ejercen fiscalización puedan ahondar su labor incluyendo a sus propios colegas, porque es hora que caigan todos. No tiene perdón robarse recursos del Estado cuando el covid-19 se lleva miles de vidas.

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