Justicia y Reparación

Los hechos de violencia ocurridos durante las marchas de protesta contra la destitución del presidente Martín Vizcarra, en Lima, no pueden volver a repetirse y los responsables directos, que ejecutaron las medidas de represión violentas, así como quienes dieron la orden desde un escritorio, sea que se trate de Manuel Merino, Antero Florez-Araoz, Gastón Rodríguez, o jefes policiales, deben responder a la justicia.

Se ha perdido la vida de dos jóvenes, Jack Bryan Pintado Sánchez e Inti Sotelo Camargo, y unas 200 personas han resultado afectadas. Alrededor de veinte personas permanecen hospitalizadas por las graves heridas que han sufrido causadas por armas de fuego, y por bombas lacrimógenas, entre ellos Lucio Suárez Valle, que tiene proyectiles incrustados en el tórax y en la cabeza; Jon Cordero Morales, con perdigones en la columna vertebral y no se sabe si podrá volver a caminar; y Samuel Giraldo Mucha quien tiene una pierna destrozada.

Una mujer que fue detenida ha denunciado violencia sexual por parte de los policías. A ello se suma el secuestro del que fue víctima Luis Fernando Araujo, quien permaneció desaparecido desde la noche del sábado, recién liberado ayer en la tarde; y la desaparición de Gabriel Rodríguez Medrano, cuyo paradero seguía siendo desconocido.

La mayoría de víctimas son jóvenes, quienes salieron a marchar en protesta contra un gobierno ilegítimo, en defensa de la institucionalidad y de la democracia, haciendo uso de un derecho fundamental. Eso es algo que no se puede perder de vista. El Tribunal Constitucional, en julio de este año, reconoció como un derecho fundamental el de la protesta social, digno de protección constitucional. No es posible que se permita la represión y violencia desde el Estado, aunque haya sido ejecutado por un gobierno capturado por oportunistas, por algunos días.

Los hechos son tan graves que ya se inició una campaña de desinformación para confundir y para desacreditar a los denunciantes y a las propias víctimas. Es algo frente a lo que la ciudadanía tiene que estar alerta -no solo en este caso, sino en general- para evitar caer en discursos de odio y de manipulación.

Se saluda la investigación que ha abierto el Ministerio Público y se demanda se cumpla con diligencia y eficiencia para identificar a todos los que resulten responsables. Reclamar la investigación, el esclarecimiento y la sanción es necesario para recuperar la institucionalidad de Policía Nacional del Perú y su credibilidad. Porque además no es justo señalar a la institución, cuando se trata de elementos que deben responder por sus actos. Ojalá y la propia institución policial pueda conducir su investigación interna con transparencia, pero es altamente dudoso desde que ayer se ofreció una conferencia a cargo del vocero y general Víctor Zanabria, quien -entre otros- negó la posibilidad del uso de perdigones de cualquier material distinto al autorizado.

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