Rescatar Transparencia

Un importante avance en la transparencia de la gestión pública es el Decreto Supremo 164-2020-PCM que aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública. El procedimiento aplica tanto para la información que haya sido creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control. Se espera que con este DS se acabe el abuso de las entidades que se resisten a entregar información pública relacionada a contrataciones, adquisiciones, y otra que mantienen en su poder con absoluto secretismo.

El DS 164-2020-PCM fue publicado en El Peruano, edición del domingo 4 de octubre 2020 y ya se encuentra en vigencia. Consta de dos anexos. Se precisa que es de “observancia obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública previstas en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS (...)”. Entre otros, se faculta a las entidades de la Administración Pública “a establecer condiciones más favorables en la tramitación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, que se expresa en la exigencia de menos requisitos, actividades, plazos de atención y reducción del derecho de tramitación que corresponde a los costos de reproducción, a los establecidos en la normativa vigente respectiva”.

Resulta importante ahora que las entidades estatales, como municipalidades, se adecúen al procedimiento estándar y lo incorporen en sus documentos de gestión, para atender y responder a los pedidos de información pública.

El Ejecutivo está partiendo del presupuesto de que las entidades estatales tienen disposición a entregar la información pública, pero ello no es exacto, lamentablemente. Basta ver la situación que pasan regidores de varias municipalidades que mantienen reiterados pedidos de información pero no son atendidos. La mayoría se queda cruzado de manos y no atina a elevar queja a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al propio Órgano de Control Institucional, o incluso al Ministerio Público.

Algunos otros ciudadanos aseguran que al requerir información pública han recibido como respuesta “que la información está en la web“. Cabe anotar que la información puede o no estar en alguna web, pero si el ciudadano la requiere, el Estado está obligado a proporcionarla en el formato que el ciudadano lo solicite, copias simples, copias fedateadas, por correo electrónico, o incluso en CD.

El DS al que hacemos referencia también ha dispuesto que el Indecopi debe garantizar que las entidades estatales “cumplan con aplicar los procedimientos administrativos estandarizados e incorporarlos en sus respectivos TUPA en los términos previstos ()” eliminando barreras burocráticas. Y reafirma las competencias de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la “supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia”; y de la Contraloría General de la República, de “verificar de oficio que los funcionarios y servidores cumplan con las obligaciones previstas”.

Reiteramos que es responsabilidad de las entidades estatales incorporar el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública en sus respectivos TUPA, sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Ojalá los regidores mantengan vigilancia sobre esto. Y que se cumpla.

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