Decisión del Tribunal Constitucional

Hoy el Tribunal Constitucional se reunirá para decidir si la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421, es inconstitucional o no. El caso se resume en si el TC dispone la prescripción de las deudas tributarias de grandes empresas o si se le permitirá a la Sunat ejercer y proceder con la cobranza. Lo que decida el TC no solo podría afectar el presupuesto nacional, sino también la institucionalidad de la Sunat.

Se calcula que si el TC resuelve en contra del Estado, el Perú perderá más de 11 mil millones de soles. Los beneficiados serían las grandes empresas como Buenaventura, Scotiabank, Telefónica, Latam, Odebrecht, la clínica Ricardo Palma, Las Bambas, Cerro Verde, Graña y Montero, Lindley, Backus, etc. que le deben impuestos no declarados al Estado.

Un aspecto muy importante, que se debe conocer, y eventualmente investigar o ser pasible de ser quejado es que el pedido de inconstitucionalidad ha sido presentado por el Colegio de Abogados de La Libertad, bajo la dirigencia del decano Manuel Montoya Cárdenas. Pero lo ha hecho en coordinación con abogados del Estudio Gálvez & Dolorier, que patrocina en temas tributarios a gran parte de estas empresas.

¿Qué gana el CALL al promover esta declaratoria de inconstitucionalidad que atenta contra los derechos de los peruanos? ¿Por qué plantear un pedido de inconstitucionalidad que solo beneficia a empresas deudoras? El tema ha resultado tan escandaloso, que el actual decano ha tratado de retirar la demanda de inconstitucionalidad, sin conseguirlo.

Es cierto que el CALL cuenta entre sus facultades la de interponer acciones de inconstitucionalidad; pero no puede ser que esta potestad se use para patrocinar intereses particulares, privados, de grandes grupos económicos, que mantienen deudas millonarias con la Sunat, en detrimento del Estado y de los peruanos.

Otro aspecto oscuro en este proceso es el hecho de que el magistrado José Luis Sardón de Taboada, del Tribunal Constitucional, es hermano de Francisco Sardón de Taboada, gerente general de Scotiabank Chile, empresa que resultará beneficiada si el TC resuelve a favor de la prescripción de las deudas. Se espera que el magistrado se abstenga.

El temor por la decisión del TC ha surgido, con razón, tras conocerse que el magistrado Ernesto Blume, en su ponencia del caso, propone declarar inconstitucional los plazos de prescripción. Su argumento es que el Poder Ejecutivo excedió sus funciones al aprobar la norma, al amparo de las facultades para legislar en materia tributaria. Felizmente el Estado Peruano tiene su propia defensa, y se espera un fallo a favor del Perú.

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