Pacasmayo  |  

Sala Civil Resolverá Impugnación de Reynaga en Demanda Sobre Extensa Área de Pacasmayo

Corte Superior De Justicia De La Libertad

El 17 de agosto, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo tendrá la responsabilidad de participar en la defensa de los intereses del distrito, en la apelación que planteó Santiago Reynaga Rodríguez luego de que se declarara improcedente por el magistrado del Juzgado Civil Transitorio de Descarga de San Pedro de Lloc, Alexander Cosamalón Oliveira, en septiembre del 2019.

El demandante Reynaga apeló y la causa se trasladó a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que en pleno la revisará el 17 de agosto a las 10.45 de la mañana, mediante una audiencia virtual, tal como está previsto en resoluciones administrativas del Poder Judicial.

Las notificaciones fueron emitidas el 7 de julio. Además de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, que es la principal interesada por estar comprometida su área jurisdiccional,

También están considerados en la demanda, el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, Ministerio de Agricultura, y las municipalidades de San José, Jequetepeque, y Provincial de Pacasmayo –San Pedro de Lloc.

La demanda de Reynaga Rodríguez fue declarada improcedente en su pretensión de rectificación de áreas y linderos sobre 4,795 hectáreas, donde hoy se asientan numerosas viviendas, diversos negocios y entidades estatales, entre áreas públicas y otras sin ocupar.

En su sentencia, el juez Alexander Cosamalón Oliveira, del Juzgado Civil Transitorio de Descarga de San Pedro de Lloc se pronunció sobre la causa N° 198-2007-0-JR-FC. En la Resolución N° 49 del 20 de agosto del 2019, notificada la tercera semana de octubre 2019, determinó que el área donde se ubica el predio de 4,795 hectáreas “se encuentra superpuesta con áreas de propiedad de diversas entidades públicas como Cofopri, Gobierno Regional la Libertad, Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú – Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Desarrollo – Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña, así como centros poblados de San José, San Pedro de Lloc y Pacasmayo (…) los cuales inclusive cuentan con sus correspondientes independizaciones e inscripciones registrales ante la Sunarp”.

El argumento técnico del juzgador añadía que estas áreas deben ser consideradas como “bienes poseídos por los entes públicos, a título público, son comprendidos bajo el nombre de Dominio Público, por cuanto se encuentran dentro de la categoría compuesta por bienes estatales afectos a un fin o uso público…”.

La resolución toma jurisprudencia de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente 0005-20 13-PCC/TC en la que señala que “este Tribunal tiene establecido que a partir de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución, los bienes de Dominio Público –también conocidos como demaniales o simplemente bienes públicos desde la teoría económica, y que pueden encontrarse afectos al servicio público, uso público o al interés nacional- se caracterizan por su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad”.

El juez Cosamalón Oliveira consideró bajo este amparo del TC, que la demanda de Reynaga al pretender rectificar su área “afecta a bienes estatales de dominio público”. Se detallan algunos como la IE 81658, el Frigorífico Pesquero Artesanal de Pacasmayo, la Capitanía de Puerto, el Terminal Marítimo de Pacasmayo, la ex Estación del Ferrocarril, la IE Angelitos de Jesús, la IE 80670 de Jagüey, San José; y las áreas del Pejeza, bienes que se encuentran en un marco de protección mayor de rango constitucional, y que es imposible enajenarlos o embargarlos.

Enfatizó el juez en su resolución, que es una “pretensión jurídicamente imposible, pues si bien contiene una controversia con relevancia jurídica, sin embargo, al buscar se declare ampliación –vía rectificación, de la extensión del área del predio Pampas de Reynaga sobre bienes de dominio público, el propio ordenamiento jurídico constitucional lo sustrae de la posibilidad de ser exigido judicialmente”.

En su pretensión, Reynaga también solicitaba que la rectificación demandada sea inscrita en los Registros Públicos, de acuerdo a un plano perimétrico que el mismo demandante proponía. Esto fue descartado de plano por el juez, pues al haber declarado improcedente la demanda, era imposible atender la pretensión complementaria.

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