El Reto Moral de Villalobos

La Resolución N° 0185-2020-JNE que dispone la suspensión de Santos Apolinar Cerna Quispe, del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacanga, así como la suspensión de Patricio Baltazar Pérez Alvitres del cargo de regidor, solo ha hecho justicia. Ambos fueron sentenciados por el delito de negociación incompatible, un delito de corrupción de funcionarios, y doloso, en enero 2019. Dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia, en octubre del mismo año.

Los hechos por los cuales Cerna y Pérez, junto con varios servidores públicos, fueron sentenciados se remontan al año 2012. Según la justicia, se incurrió en delito al adjudicar directamente, sin proceso de selección, una obra de saneamiento valorizada en ocho millones de soles, a una empresa que no cumplía los requisitos.

Si bien es cierto, la justicia llegó siete años después de consumados los hechos corruptos; ha sido un nuevo logro la suspensión de Cerna Quispe. Esto porque Cerna y su grupo de abogados han recurrido a diversos recursos, hasta inexistentes judicialmente, en la desesperación por mantenerlo en el control de la municipalidad de Pacanga.

Hay dos aspectos que se deben observar. Uno es que pese a que el JNE podía resolver inmediatamente la suspensión de Cerna, que en octubre 2019 ya tenía un sentencia en segunda instancia, prefirió no hacerlo y derivó para que el concejo municipal resuelva con todo el proceso que ya se ha conocido. Al mirar en retrospectiva, la decisión del JNE, tomada por mayoría, resultó favorable a los sentenciados, quienes han podido mantenerse en el cargo de alcalde y regidor por nueve meses más después de conocida la condena penal. Es algo a lo que el JNE, lamentablemente nos tiene acostumbrados, en unos casos tiene en cuenta unas consideraciones, pero en otras difiere. El JNE sí pudo votar por la suspensión de Cerna en noviembre 2019, conforme lo dejó acreditado el magistrado Arce Córdova con su voto en discordia. Al no hacerlo solo se dilató la salida de Cerna y de Pérez.

El otro aspecto es que los concejos municipales tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Es evidente que la mayoría que votó en contra de la suspensión de Cerna y de Pérez lo hicieron sin fundamento. Si bien este hecho resulta notorio, hay muchas otras situaciones, en diversos municipios, en las que enredados en argumentos técnicos y legales de los funcionarios y/o abogados de los alcaldes, los regidores terminan tomando decisiones equivocadas, que solo perjudican a los ciudadanos.

Finalmente, la lucha contra la corrupción no ha terminado en el concejo municipal de Pacanga. Corresponde a los ciudadanos de bien mantenerse vigilantes de la gestión que inicia Alan Villalobos Hernández. El nuevo alcalde está obligado a demostrar fortaleza moral, cortar definitivamente con los lazos que deja la gestión Cerna, rodearse de funcionarios éticos e idóneos, liderar una gestión transparente, tomando decisiones que pongan en primer lugar el bienestar común.

Resta finalmente que apenas la sentencia judicial se declare firme y consentida, se proceda al proceso de vacancia de los sentenciados Cerna y Pérez ante el JNE. La lucha debe valer el esfuerzo. Es obligación de Villalobos asumir esa responsabilidad de cambio y renovación en el gobierno de Pacanga.

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