Municipalidad en Apuros

El gobierno municipal del distrito de Pacasmayo ha demostrado no solo incapacidad, sino torpeza en el manejo de los problemas que viene enfrentando. Veamos dos. Aunque las manifestaciones de protesta ciudadana han quedado en el anecdotario, la indignación pública por las deficiencias en el servicio de agua, persiste. Lo que no se perdona es que este particular problema no es nuevo; es conocido y sufrido por todos los pacasmayinos desde hace muchos años. Un equipo de gobierno que buscó elegirse, como el de APP que encabeza César Milla Manay, lo menos que debió tener son acciones debidamente pensadas para implementar en el gobierno.

A esa falta de previsión para gobernar, se ha sumado la falta de decisión política para exigir y garantizar la ejecución del proyecto de la construcción de la planta de agua, el cual sigue en los archivos del Gobierno Regional de La Libertad, donde también está APP. No puede ser que Pacasmayo espere por un proyecto decisivo para la salud pública, en función del interés político del partido que gobierna en el distrito, en la provincia y en la región. A la explosión de la crisis por la falta de agua, el gobierno tampoco supo enfrentar con acciones inmediatas. Hubo falta de información oficial, así como falta de transparencia y organización en el reparto de agua, imponiendo un reparto discriminatorio y vejatorio. Esto sin mencionar la demora en implementar acciones de fondo, como garantizar la guardianía en el canal Teniente, la instalación de un medidor, dar mantenimiento a la red de agua y desagüe, servicio que la MDP administra desde el pasado gobierno de Víctor Alayo León, hoy también de APP.

Veamos otro de los problemas que mantiene en crisis al gobierno. Las sentencias derivadas de juicios en materia laboral. Se pueden buscar mil razones, y achacarlas a los gobiernos pasados, como que la entidad no ejerció defensa adecuadamente. Pero lo cierto es que con sentencias consentidas y con obligación de pago, este gobierno se negó a asumir el compromiso y proponer un fraccionamiento razonable, como lo denunció el abogado de la parte que venció en los procesos. Ello obligó a los demandantes, en todo su derecho, a exigir el pago judicial, con lo que las cuentas bancarias y hasta la caja principal fueron materia de traba y ejecución de embargos, privando de dinero a la entidad. ¿Es esto responsabilidad del demandante? ¿Lo es del juzgado? Rotundamente no. Es del demandado que cree que puede burlarse de la justicia, cambiando de sede a la oficina recaudadora.

Ahora resulta que se ha recurrido a Cementos Pacasmayo para que pague, por adelantado 600 mil soles a cuenta del Impuesto Predial 2020. El acuerdo ha sido adoptado por el pleno, en mayoría. Pero se estaría considerando modificarlo ante opinión de un abogado, de que podría implicar la vacancia de los regidores. La gestión de gobierno, como se ve, sigue apostando a sacarle la vuelta a la justicia, porque el pago de los 600 mil soles se tendría que hacer de una manera que evada la posibilidad de otra retención. Como el alcalde Milla ha reconocido, en sesión de concejo, no tienen para pagar sueldos, que es lo que tratan de sortear ahora. Pero ¿y qué pasará con los siguientes meses de abono de sueldos, y con el pago de los servicios de energía eléctrica, telefonía y demás obligaciones? ¿Cómo se enfrentará la crisis?

Tampoco sobre esto hay información oficial. ¿Se pretenderá seguir ocultando el problema, hasta que afecte directamente a los ciudadanos? La situación requiere de soluciones, debidamente pensadas, planificadas, y que estén apegadas a la ley. De no tomar decisiones acertadas, la crisis afectará directamente a los moradores, que ya bastante tienen con los problemas de agua y desagüe.


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