Respaldar Labor de Sunedu

Sunedu By Andina

Era notorio el interés de algunos integrantes del disuelto Congreso de la República de traerse abajo a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Esa batalla no ha concluido y se pretende utilizar, ahora, a algunos jueces para desconocer las resoluciones que han determinado negar licenciamiento a algunas universidades por no contar con las condiciones mínimas indispensables que garanticen una educación superior de calidad.

Muchos, sino la mayoría de quienes han incursionado en la política peruana, se mueven en función de intereses particulares y del grupo económico que representan, completamente adverso al bienestar común. Les interesa que mantener el negocio de universidades, como tal, como un negocio, pero utilizan la consigna demagógica de que se deben a los más pobres y que buscan supuestamente democratizar la educación superior. Nada más falso. Nada les interesa la educación de nuestros jóvenes, buscan embaucar con el cuento de la educación no solo para amasar fortunas, sino para lavar dinero (como se investiga en el caso Telesup) y para captar jóvenes para sus intereses políticos.

Las condiciones que exige la Sunedu para el licenciamiento, son las mínimas básicas necesarias para que se garantice la educación. No se pide más de lo estrictamente necesario. Y además las universidades reciben observaciones y tienen tiempo, y asesoría de la misma Sunedu para levantarlas y mejorar su servicio. Solo cuando no se ha logrado implementar esas condiciones respecto a instalaciones, directivos y docentes, y programas académicos, se procede a negar el licenciamiento y se dispone el cierre en un plazo de dos años.

El gobierno de Fujimori- Montesinos abrió las puertas para el ingreso de universidades “bamba” que no disponían ni siquiera de locales apropiados. Se convirtió a la educación superior en objeto de comercio. Se les exoneró del pago de impuestos y se establecieron muchas otras ventajas -igual en otros niveles de educación- que terminaron con hacer del sector educativo una pera apetecible para amasar fortuna, sin ninguna responsabilidad ética.

Lamentablemente como se ha venido descubriendo en muchos casos, los dineros recaudados no fueron para mejorar la infraestructura y equipamiento de universidades, sino para hacer millonarios a sus directivos. Se dio mal uso a los recursos y se les desvió para financiar políticos y partidos corruptos para defender los intereses de la nueva mafia y asegurar continuidad. El Congreso disuelto, dominado por una mayoría de legisladores de dudosa formación profesional, muchos carentes de principios éticos y morales, se dedicó a defender a ese sector sin importarle el daño que se causa a la juventud.

No se puede permitir que se trunque la garantía de una educación de calidad para nuestros jóvenes. Recién se ha empezado a sincerar la calidad de la oferta educativa, y ello debe continuar con el respaldo de los ciudadanos.

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