Acuerdo de Concejo 026-2019 Municipalidad Distrital Pacasmayo

ACUERDO DE CONCEJO Nº 026-2019-MDP

Pacasmayo 11 setiembre del 2019

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

VISTO:

En Sesión extraordinaria de Concejo de fecha 10 de setiembre del 2019, el Informe N° 412-2019-OAJ-MDP, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la necesidad de declarar intangibles diversas cuentas de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo preceptuado por el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº 27680, y la Ley de Reforma Ley 28607, “Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, lo cual de manera concordante con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el artículo 195° de la Constitución, establece que "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo", en ese sentido, son competentes, específicamente, para: desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, turismo, cultura, recreación y deporte, y todas las demás funciones que le corresponden conforme a ley. En consecuencia, nos encontramos ante la presencia de atribuciones, de naturaleza indisponible e irrenunciables otorgadas por la propia constitución a los gobiernos locales.

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, precisa que Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos; y el artículo IV prevee que “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”.

Que, a fin de cumplir con las funciones a que se refieren los considerandos precedentes y la propia Ley N° 27972, las Municipalidades del territorio nacional, y en particular la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, aprueban anualmente sus presupuestos, con las previsiones pertinentes y teniéndose en cuenta los ingresos propios y las transferencias del Tesoro Público; en tal sentido el Presupuesto Institucional es determinante para el cumplimiento de los objetivos anuales y de las ejecuciones de obras consideradas en el PIA, vale decir a fin de que se cumplan con las metas y previsiones.

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto prevé que el Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.

Que, el Artículo 77º de la Constitución Política del Estado, establece que la Administración Económica y Financiera del Estado, se rige por el Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, lo que implica que los Recursos de la Municipalidad sólo deben estar destinados a los fines que determine la Ley.

Que, a través de la Resolución que resolvió los Expedientes acumulados N° 015 y 016-2001- AI/TC, el Tribunal Constitucional estableció los criterios para determinar cuándo un bien, incluido el dinero del Estado que mantiene en el Sistema Financiero Nacional, es de dominio público y como tal no embargable, lineamientos que las cuentas corrientes de la Municipalidad de Pacasmayo cumple, toda vez que ellas están destinadas al servicio de uso público.

Que, el Tribunal Constitucional al tratar el aspecto de la efectividad de resoluciones judiciales, tomando en cuenta al Estado como sujeto procesal vencido, ha considerado justificado que el legislador establezca ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes, en la medida en que éstas tengan una justificación constitucional.

Que, del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha señalado cuáles son los Principios Presupuestales Constitucionales, apareciendo en el fundamento 5 de la Sentencia Nº 004-2005-AC., que precisó que la Ley Anual de Presupuesto es el instrumento legal mediante el cual el sector público periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a sus metas y objetivos. En ese sentido tal como lo establece el art. 7º de la Carta Fundamental, la administración económica y financiera del Estado se rige por la Ley de Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República.

Que, el artículo 10º del D.S. Nº 001-2014-JUS establece que el pago de las sentencias judiciales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 30137, se financia teniendo en cuenta el procedimiento dispuesto en el artículo 47° del TUO de la Ley Nº 27584, aprobado con D.S. Nº 013-2008-JUS, que implica 1) El financiamiento se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la entidad, aprobado para el año fiscal correspondiente; 2) En caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento se efectúa con cargo a los recursos que resulten de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que la entidad encuentre necesario realizar; y 3) En caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento se efectúa con cargo a los recursos que resulten de la aplicación del artículo 70° del TÚO de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

Que, para el caso de los montos de los requerimientos de obligaciones laborales o previsionales en los que el Estado o las instituciones públicas sean parte obligada, los apremios y apercibimientos regulados en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional deberán ser efectuados por los jueces en forma gradual y progresiva, y que en tales supuestos deberá de observar rigurosamente el principio de legalidad presupuestal a que se refiere el artículo numeral 1) de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, por lo que han de conceder un plazo prudencial para el debido y cabal cumplimiento de lo que haya sido ordenado judicialmente;

Que, para estos efectos, el artículo 70° de la Ley General del Presupuesto Ley N° 28411, establece literalmente lo siguiente:

"70.1 Para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el cinco por ciento (5%) o hasta un mínimo de tres por ciento (3%), según sea necesario, de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción de los fondos públicos correspondientes a las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta norma comprende, entre otros, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de beneficios sociales.(Numeral modificado por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29626).

70.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que lo solicite, en la cual la Entidad deberá depositar, mensualmente, los montos de las afectaciones presupuestales mencionadas en el numeral precedente, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quien haga sus veces en la Entidad.

70.3 Los pagos de las sentencias judiciales, incluidas las sentencias supranacionales, deberán ser atendidos por cada Entidad, con cargo a su respectiva cuenta bancaria indicada en el numeral precedente, debiendo tomarse en cuenta las prelaciones legales.

70.4 En caso de que los montos de los requerimientos de obligaciones de pago superen el porcentaje señalado en el numeral 70.1 del presente artículo, la Entidad debe cumplir con efectuar el pago en forma proporcional a todos los requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de notificación, hasta el límite porcentual.

70.5 Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos señalados en el numeral 70.1 del presente artículo se atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes”.

Que, el Principio de Legalidad Presupuestal, que se deriva del artículo 77º de la Constitución Política del Estado, implica que el pago de las sumas de dinero ordenado por una resolución judicial firme, sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal correspondiente. En los alcances de dicho principio de legalidad presupuestaria se encuentra, por un lado, el origen del llamado privilegio de la auto tutela ejecutiva de la administración, esto es, que el cumplimiento de las sentencias contra la administración haya de estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento administrativo ante el órgano estatal deudor; y, por otro, la posibilidad de diferir la ejecución forzada, por un lapso razonable, sobre los bienes del Estado de dominio privado. Con ello, este Principio de Legalidad Presupuestaria debe armonizarse con el de efectividad de las sentencias judiciales. La preservación del primero no justifica el desconocimiento o la demora irracional en el cumplimiento de las sentencias judiciales. En consecuencia, debe darse preferencia al pago de las deudas más antiguas y reconocerse los intereses devengados por demoras injustificadas del pago.

Que, al respecto, el Tribunal Constitucional en los Expedientes Acumulados Nº 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo, y con relación a la efectividad de las resoluciones judiciales y con referencia a los bienes del Estado, tuvo oportunidad de señalar que “como sucede con todos los derechos fundamentales, el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho absoluto, es decir, que esté exento de condiciones, límites o restricciones en su ejercicio. Al margen de los requisitos y la presencia de una serie de circunstancias generales que la ley puede prever, como puede ser que la ejecución debe llevarla adelante el órgano Jurisdiccional competente: que se trate de una resolución firme; que la ejecución se realice respetando el contenido del fallo, etc., el Tribunal Constitucional consideró legítimo que, tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y, en concreto, cuando ese vencido en juicio sea el Estado, el legislador puede establecer ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes, en la medida en que éstos tengan una justificación constitucional. Uno de esos límites, lo constituye el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado, como los de dominio público, no pueden ser afectados, voluntaria o forzosamente, en tanto las diversas cuentas municipales que requieren ser declaradas intangibles, cumplen en la jurisdicción del distrito de Pacasmayo, finalidades públicas, pues sirven para la atención y operación de diversos servicios públicos y afines, extremo que tiene consonancia con la Ley Nº 29151 y reglamento. Acorde a tal situación, uno de los pronunciamientos de la doctrina jurisprudencial reza que “El dominio público es una forma de propiedad especial, afectada al uso de todos, a un servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que está destinada a la satisfacción de intereses y finalidades públicas y, por ello, como expresa el artículo 73° de nuestra Constitución, tiene las características de bienes inalienables e imprescriptibles, además de inembargables”.

Que, el artículo 56° de la Ley N° 27972, precisa que “son bienes de las municipalidades, entre otros, los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente valores cuantificables económicamente”.

Que, el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. Nº 006-1996-AI/TC, señala implícitamente el criterio que, de conformidad con el artículo 73º de la Constitución, tales resoluciones judiciales o las que se emitan para ejecutarlas, no pueden recaer sobre los denominados bienes de dominio público.

Que, la Corte Suprema de la República mediante Resolución Administrativa N°452-2011-P/PJ, referida a la aplicación progresiva de los apercibimientos previstos en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional ha establecido que en la ejecución de sentencias firmes que disponen el pago de sumas de dinero y demás obligaciones laborales o previsionales en los que el Estado o las instituciones públicas sean parte obligada, los apremios y apercibimientos regulados en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional deberán ser efectuados por los jueces en forma gradual y progresiva, y que en tales supuestos deberán observar rigurosamente el principio de legalidad presupuestal a que se refiere el numeral 1) del artículo 70°, de la Ley N° 28411, ya citada;

Que, desde años atrás la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, viene siendo objeto de Demandas Judiciales de distinta índole, cuyas sentencias en calidad de cosa juzgada, disponen el pago de sumas de dinero, que vienen ejecutándose, incluso a través de embargos; y, que por su magnitud, no pueden ser cubiertos dentro del ejercicio fiscal del año 2019, poniendo en peligro el funcionamiento de la administración municipal; prueba de ello es que en el año 2016, se canceló la suma de S/ 276,042.97 soles; en el año 2017, la suma de S/ 326,711.25 soles; en el año 2018, la suma de S/ 340,650.61 soles; y para el presente ejercicio presupuestal se vienen atendiendo estos requerimientos judiciales hasta por la suma de S/ 252,178.93 soles; denotándose la intención de las anteriores gestiones y de la actual gestión de cumplir con los mandatos judiciales, denotándose la intención de las anteriores gestiones y de la actual gestión de cumplir con los mandatos judiciales, incluso afectando montos por encima del 5% de la asignación presupuestal que por norma se obliga a las Entidades públicas, esto es, dentro de nuestro marco presupuestal y atendiendo a los parámetros contenidos en la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 001-2014-JUS.

Que, mediante Informe N° 412-2019-OAJ-MDP, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica se sostiene que las cuentas corrientes destinadas al FONCOMUN, CANON, OBRAS, DEFENSA CIVIL, ALCABALA Y REMUNERACIONES y SERVICIOS PUBLICOS, son cuentas corrientes que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo mantiene en el Sistema Financiero Nacional y que tienen la categoría de dominio público puesto que dichos saldos tienen una utilidad pública; además se pronuncia sobre la procedencia de autorizar al apoderado judicial, a adoptar las acciones legales necesarias contra aquellas autoridades que transgredan las disposiciones que declaran como Bienes Públicos las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, así como de los fondos destinados a pagar adeudos tributarios y no tributarios, incluidos ingresos propios destinados a dichas cuentas bancarias, aun antes de su depósito bancario respectivo, por estar destinadas a satisfacer intereses y finalidad pública.

Que, como consecuencia de lo sostenido en los considerandos precedentes; y al existir una cuenta corriente para el pago de sentencias judiciales N° 00811027669, resulta necesario se declare la intangibilidad de los ingresos diarios de la Recaudación que realiza la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, a través de las cuentas bancarias donde se realizan dichos depósitos;

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° inciso 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, el Pleno del Concejo en la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 10 de setiembre de 2019, por UNANIMIDAD de votos:

SE ACUERDA:

Artículo 1º: DECLARAR COMO BIENES DE DOMINIO PUBLICO así como Intangibles, los ingresos diarios de la Recaudación, y las Cuentas Bancarias de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, denominadas:

NOMBRE DE LA CUENTA

N° CTA. CORRIENTE

AÑO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0811-019798

2012-001-070

IMPUESTOS MUNICIPALES

0811-019755

2012-001-069

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIONES - GARANTÍAS

0811-008303

2005-001-009

TRANSFERENCIAS - TRAGAMONEDAS

0811-017906

2007-001-046

Mantenidas en el Sistema Financiero Nacional, cuyos saldos están destinados a satisfacer intereses y finalidades púb

licas, así como los adeudos pendientes de pago destinados a estos mismos fines, provenientes de obligaciones tributarias y no tributarias, con la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

Artículo 2º: Comunicar el presente Acuerdo de Concejo a las oficinas del Banco de la Nación y demás entidades bancarias, donde se haya aperturado cuentas corrientes con los fines a que se refiere el artículo precedente; así como a los contribuyentes que tengan pendiente el pago de sus adeudos tributarios y no tributarios, a efectos que los mismos tengan el carácter de

inembargable.

Artículo 3º: Autorícese al Apoderado judicial de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, la adopción de las acciones legales necesarias contra aquellas autoridades que transgredan las disposiciones descritas en la presente norma municipal.

Artículo 4º: Encargar al Gerente de la municipalidad Distrital de Pacasmayo, velar por el cumplimiento del presente acuerdo.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Abog. César Rodolfo Milla Manay

ALCALDE

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