Cuidado con el Estado de Emergencia

El Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad ha acordado, en sesión descentralizada realizada en la provincia de Bolívar, solicitar ante el Gobierno Central se declare el estado de emergencia en varias provincias de la región. La finalidad es conseguir que se autorice la participación de las Fuerzas Armadas en el control interno y la lucha contra la violencia delictiva que día a día crece alarmantemente asesinando y cometiendo otros delitos.

Han sido mencionadas las provincias Trujillo, Ascope y Virú, en las cuales hay un alto número de crímenes. Muchos de esos hechos son causados por bandas de extorsionadores que a base de miedo están chantajeando a empresarios de diversas actividades. Una modalidad que se ha reciclado es la de los asaltos a los omnibuses de servicio interprovincial así como a los vehículos de carga pesada, asaltos a entidades bancarias y a personas que acuden a esas dependencias para retirar considerables sumas de dinero.

La declaratoria que se solicitará es en razón de que la delincuencia ha sobrepasado la capacidad operativa de la Policía Nacional. En el caso de nuestra región, hace tiempo se viene reclamando fortalecer a la Policía, especialmente las unidades dedicadas a la investigación criminal, lavado de activos, antidrogas. Se requieren no solo efectivos, sino capacitarlos, e implementar los servicios adecuadamente.

El pedido que se ha aprobado por unanimidad en el consejo regional no es compartido por algunos sectores de la comunidad debido a los riesgos que implica. El estado de emergencia implica la suspensión de derechos constitucionales, probablemente establecer horario de permanencia en las calles, y ceder a los miembros de las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Se teme que la presencia exceda el carácter restrictivo esperado. Sin embargo esto no garantiza que se atiendan problemas de fondo.

Tal como venimos informando las bandas de extorsionadores han vuelto a las andanzas en nuestras provincias - Pacasmayo y Chepén- despertando natural alarma y reclamando a la Policía capturar a los criminales. Debemos insistir en lo planteado anteriormente, privilegiando el servicio de inteligencia. Y, por parte de la justicia endurecer las penas. Pero esto último pasa por las modificaciones que debe aprobar el Congreso modificando las leyes pertinente.

Estamos frente a un momento grave. No podemos dejar que la delincuencia se imponga. Es necesario unir esfuerzos para enfrentar a los indeseables sujetos que han decidido sembrar el caos y la violencia. Hay que fortalecer a las rondas campesinas y urbanas, capacitarlas y dotarlas de elementos básicos que les permitan actuar. Pero deben hacerlo, siempre, con absoluto respeto a las leyes. Hacer lo contrario es incitar a la barbarie y a la política del ojo por ojo, diente por diente.

Esperemos que nuestras autoridades sean capaces de encontrar la fórmula que nos lleve a gozar del prestigio que teníamos como ciudades seguras y pacíficas.

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