Contra Corruptos y Oportunistas


Lo que está sucediendo en el Valle Jequetepeque como consecuencia de que el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (Pejeza) disolvió el contrato con la Junta de Usuarios, en octubre del año pasado, tiene que servir para erradicar la corrupción que afecta al agro en los últimos años. Pero además se tiene que garantizar que los dineros que agricultores y otros usuarios pagan por uso de agua, está siendo escrupulosamente vigilados.

Con todo lo explicado recientemente, incluida la audiencia pública de ayer, queda claro que la protesta de los directivos de la Junta de Usuarios es alimentada por un interés meramente económico. El convenio quedó disuelto en octubre 2018, pero se han tardado hasta agosto 2019, para protestar notoriamente, justo cuando se dispone que la Junta deje de percibir el pago por tarifa de agua de algunos usuarios. Se ha comenzado con Cerro Prieto que ahora debe pagar a Pejeza, pero deben seguir los otros usuarios que perciben agua directamente de la infraestructura mayor. Esto ocurre porque el presupuesto para operación y mantenimiento de la infraestructura mayor, que es de 6 millones de soles, lo manejará el Pejeza. La Junta no se quedará sin recursos, seguirá percibiendo 9 millones de soles para operación y mantenimiento de la infraestructura menor. ¿Cuál es el problema entonces, por qué llamar a los agricultores a protestar?

Los malos directivos que ha tenido la Junta de Usuarios Jequetepeque son los únicos responsables de que esta organización haya perdido la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor. Lo son por sus acciones irregulares, que por años han ocurrido, pero que recién se han sancionado. La Junta (y Opema cuando existió) ha servido por años, por años, como centro de trabajo para los parientes de los directivos de las comisiones de usuarios, hasta familias completas trabajan allí; ha servido para que se beneficien con lujosas canastas de fin de año, y otras gollerías con el cuento del día del trabajador, y celebración de determinadas fechas. Así como se ha denunciado en reiteradas ocasiones, desde años atrás, que los vehículos de comisiones y de la Junta, han estado al servicio personal de los directivos, que los usan como si fueran propios, aprovechando que no tienen logotipo institucional. Nuestros editoriales e informaciones periodísticas han dejado constancia de estos hechos en innumerables ocasiones. Es la corrupción menuda. Como lo es el cobro de coimas para facilitar mayor cantidad de agua, o usar maquinaria de propiedad institucional en tierras particulares. Los agricultores lo saben, lo saben porque lo padecen y están hartos de esos abusos impunes.

Lo que se descubrió y sancionó el año pasado era una corrupción mayor. Y no se debe tener temor de llamar las cosas por su nombre. Los delitos penales que se han denunciado y por los que se está investigando a algunos exdirectivos de la Junta, están relacionados con la corrupción ocurrida en el seno de una organización privada, encargada de cobrar la tarifa de agua, que debió estar al servicio del usuario, que debió velar por el buen manejo del agua, por el desarrollo del agro y del pequeño agricultor. Pero en cambio se ha aprovechado y abusado del hombre de campo.

Las irregularidades que se han revelado, y que recién explica la Autoridad del Agua a los propios agricultores, son apenas algunas de las que vienen ocurriendo desde hace años. Recuérdese sino cómo en octubre 2015, Últimas Noticias reveló que 13 presidentes de comisiones y el presidente de Opema recibieron cinco mil soles cada uno. Era parte del dinero devuelto por Sunat (1 millón 370 mil soles) y se lo repartieron en enero 2015, como tuvieron que reconocerlo en una sesión pública. ¿Se acuerdan?

Recuérdese también que en noviembre 2015, cuando se firmó el convenio Pejeza Junta de Usuarios, nueve presidentes de comisiones se opusieron. No querían el convenio. Se lanzaron las mismas acusaciones de hoy, que el agua sería privatizada, que la tarifa subiría y que habría caos social. Llamaron a los agricultores también a rebelarse. Entonces ciertos presidentes de comisiones reclamaban a voz en cuello a nombre de los agricultores, cuando en realidad defendían sus propios intereses, seguir viviendo en la opulencia, a costa del agricultor. En ese momento exigían que Opema siga vigente, y rechazaban el convenio Junta-Pejeza. Ese Opema que todos recuerdan en lo que fue convertida, en una organización para el aprovechamiento de unos cuantos sinverguenzas que no deberían quedar impunes. Entonces una frase resumió lo que sucedía, y que aplica hoy: "no quieren dejar la mamadera".

La Autoridad del Agua tiene que mantener la firmeza, y la decisión política de acabar con la corrupción. Son el ente responsable de supervisar, y si años atrás fallaron, hoy corresponde reivindicarse porque están en deuda con el Valle, con los agricultores y con la institucionalidad. La autoridad no puede someterse al chantaje corrupto de quienes pretenden seguir manejando la Junta y han puesto por delante su beneficio particular, por encima de los intereses de los hombres y mujeres de campo que con mucho sacrificio pagan su tarifa de agua para poder sembrar y vivir de ello. La autoridad del sector tiene el reto de acercarse a los usuarios, de escuchar directamente sus problemas, y reclamos; no basta pedirles que vayan a las oficinas de ALA-J. En esto hay que ser claros, se debe considerar la posibilidad de rotar personal. Lamentablemente la corrupción se extiende gracias al compadrazgo y el amiguismo. Si en sus oficinas deben sancionar irregularidades comiencen por hacerlo. No se permita la corrupción, venga de donde venga, ni el nivel en donde esté. Así como los agricultores no deben temer a denunciar irregularidades o corrupción si es que son víctimas de ella en los servidores del sector.

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