La Prisión Preventiva en Personajes Notorios



Los congresistas fujimoristas han reiterado que acudirán a instancias internacionales para denunciar lo que califican como una persecución política contra su lideresa Keiko Fujimori Higuchi, quien cumple prisión preventiva en el proceso de investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos, originado por los pagos que hizo Odebrecht para financiar su campaña en el 2011.

Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva desde noviembre del 2018.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se ha pronunciado precisando que Perú vive en plena democracia y con independencia de poderes por lo que descarta que la campaña tenga algún éxito en el extranjero.

Ha incidido en que el término de prisioneros políticos aplica para quienes, ejerciendo o no la política, son perseguidos y encarcelados por sus ideas, u opiniones.

No es el caso de Fujimori. Ella, como pasa con otros políticos peruanos como Susana Villarán, Castañeda Lossio, la pareja Humala Heredia, PPK, Toledo, son investigados por la presunta comisión de delitos relacionados con la recepción de coimas y financiamientos ilegales que pagó la empresa Odebrecht y sus consorciadas. Esto ocurrió en varios países y no solo en Perú, solo que el nuestro es uno de los que más avanzado en el esclarecimiento de estos casos que involucran a poderosos empresarios, gobernantes y alcanza hasta altos miembros de los operadores de justicia.

Además varios analistas y expertos han desechado la posibilidad de persecución política; pero sí reconocen que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial justificar plenamente sus posiciones, y se demanda a la justicia actuar con predictibilidad, y con equidad, al margen de la notoriedad del personaje que esté siendo sometido al cumplimiento de la ley.

En su afán de defensa, la congresista Cecilia Chacón, ha declarado que "nadie debe ser enviado a 36 meses de prisión preventiva", lo que revela más que su vergonzoso desconocimiento. Si nadie debería cumplir prisión preventiva de 36 meses, lo primero que tendrían que haber hecho los congresistas, hace mucho tiempo, es presentar algún proyecto para modificar el Código Procesal Penal vigente.

El problema de fondo, según analistas, no es la prisión preventiva en sí misma, sino la sustentación de los argumentos que desarrolla el Ministerio Público para requerir una prisión preventiva; y los argumentos que sostiene el juez y las salas respectivas, para resolver a favor de la prisión preventiva. De allí la oportunidad para invocar que las medidas coercitivas que privan de la libertad a las personas, sean lo suficientemente justificadas. Que la ley se aplique en función del contexto, de los indicios, del marco legal; que los operadores cumplan con eficiencia y dedicación en casos que resultan emblemáticos y que suelen despertar el interés de la opinión pública. La justicia tiene que ser tal, para todos.

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