San Pedro de Lloc  |  

Uso de Licencia Falsa de Moto Acarrea Cárcel de 2 a 10 Años

Pero casos no llegan al juzgado

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Mucho por investigar en MPP, sin cambio a la vista.


El adquirir y utilizar una licencia falsa para conducir un vehículo menor, o adulterar una verdadera para utilizarla puede acarrear una pena de prisión que se sanciona entre 2 y 10 años de prisión.

Esto a propósito de los operativos que con frecuencia se realizan y que arroja la detección de estos documentos ilegales.

Pero no solo es el uso de una licencia falsa de conducir moto lo que se puede sancionar tan drásticamente. Lo es también el uso de documentos fraudulentos como las revisiones técnica, Soat, permisos de lunas oscurecidas o polarizadas. Todos estos configuran Delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Uso de Documento Público Falso.

El juez de Investigación Preparatoria de la Provincia de Pacasmayo, Luis Alejandro Pérez León, explicó que, “si una persona utiliza licencia de conducir, revisiones técnicas, Soat, o permisos para lunas oscurecidas, obtenidas fraudulentamente, está cometiendo Delito Contra la Fe Pública”.

El juez dijo que en el caso de las licencias de conducir, sean de vehículos mayor emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; o para mototaxis o motos lineales emitidas por las municipalidades competente, al ser entes estatales el delito que se comete es sin duda el de Uso de Documento Público Falso.

QUIEN ELABORA Y QUIEN USA

Detalló que el delito en sí es el uso. No importa si el portador lo falsificó o lo adquirió de una fuente desconocida. Si se llega a determinar mediante investigación quién lo fabricó, también se encontraría inmerso en delito.

“Pero para el caso específico, la persona o ciudadano que presente este documento como si fuera verdadero, que de hecho sabe que lo ha obtenido de manera fraudulenta, cometió delito. Porque no siguió los mecanismo o pautas para obtener una licencia de conducir, no ha dado los exámenes, no se presentó ante las autoridades”, precisó el magistrado.

El juzgador presume lo que a voces se conoce, que en muchos casos los tramitadores se mueven entre las oficinas municipales.

“Algunas personas para ahorrarse tiempo, dinero, no dar los exámenes, se valen de los tramitadores. Estos documentos en su mayoría, o casi todos son adulterados o son falsos. Acá el delito es el uso de documento público y se sanciona con el Artículo 427 del Código Penal con pena privativa no menor de 2 ni mayor de 10 años. Esta pena es tanto para el que realiza la falsificación, si se determina, como para quien hace uso. La sanción recae a los dos”, añadió. Lamentablemente, no hay suficiente capacidad de inteligencia para las investigaciones, y al final quien fabrica el documento burla a la autoridad y nunca se logra identificar. Generalmente solo se logra ubicar a quien hace uso de la falsificación.

MUNICIPALIDADES PUEDEN INTERVENIR

Si bien es cierto, en el Delito Contra la Fe Pública siempre el agraviado es el Estado en general, es posible que las entidades afectadas directamente intervengan a fin de intentar encontrar a los falsificadores. “Se tiene que ver las licencias de conducir, el procurador del área correspondiente, o de las municipalidades también pueden intervenir, si se trata de motocicletas. Porque se está haciendo uso del nombre de la municipalidad como si hubiese sido la que otorga”.

El juez Pérez León remarcó que en su despacho “hay procesos, pero de licencias de conducir de vehículos mayores. De motocicletas es mínimo el número de procesos, por decir casi nulo”.

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