Abuso de los Puestos de Confianza

Funcionarios De Confianza

La Contraloría General de la República ha formulado claras recomendaciones que resultan de obligatorio cumplimiento para impedir que los alcaldes sigan aprovechándose de los resquicios del marco legal actual para manejar las municipalidades y los presupuestos del Estado para pagar sus gastos de campaña, y los favores políticos que recibieron. También incurren en el abuso, los gobernadores regionales, como jefes de gobiernos locales.

Las municipalidades soportan cada cuatro años la incorporación de nuevo personal, el antiguo se va quedando, engrosando las planillas, sin criterio técnico alguno. Y si en caso, algunos trabajadores son despedidos, la mayoría gana la reposición en la vía judicial porque así los ampara la ley.

Se puede aseverar que no hay criterio en las contrataciones que disponen los alcaldes, y que solo responden a intereses particulares o de partido, insistimos para dar trabajo a muchos de los que apoyaron sus campañas. Basta ver sus perfiles, personas sin profesión alguna e incluso hasta sin experiencia; en otros casos, profesionales pero sin experiencia suficiente para el área que se les encarga, a pesar de la importancia del cargo.

Está como prueba de lo que los ciudadanos observan, las cifras que ha revelado la Contraloría tras reciente operativo de control. Son 2,609 funcionarios designados en cargos de confianza en 289 entidades públicas a nivel nacional que no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles exigidos; son el 34% de los 7,574 funcionarios designados en cargos de confianza de 332 entidades (25 gobiernos regionales y 307 gobiernos locales).

La Contraloría indica que en el 87% de los 332 gobiernos regionales y locales intervenidos se identificaron funcionarios de confianza que no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles.

El daño que ocasionan los alcaldes, y que alientan y permiten los regidores, a veces activamente, otras con su omisión y silencio, es grave. La Contraloría ha indicado que se debilita el servicio meritocrático. Lo que todos los usuarios de los servicios municipales perciben es que estos no mejoran, ni un ápice, pese al grueso de personal que se ve en las oficinas. Ni siquiera la atención en las oficinas es más eficiente, o en menos tiempo.

Pero además se ha detectado que los alcaldes aprovechan para designar como funcionarios de confianza a más del 5% del total de trabajadores de cada entidad, incumpliendo la normativa vigente. Obviamente se afecta la economía municipal porque los funcionarios de confianza suelen ganar más que el promedio de los trabajadores.

La Contraloría ha pedido al congreso emitir normas que mejoren la regulación de las políticas de incorporación del personal de confianza. Ha formulado recomendaciones expresas a otras entidades como Servir, Ministerio de Economía, y Osce para revertir la situación actual de aprovechamiento político, y desorden que impera en las contrataciones de personal. Corresponde exigir que se cumpla porque de otra forma, los alcaldes, no cumplirán.

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