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Guadalupe: Informe del Colegio de Ingenieros Sugiere que Municipalidad Ejecute Penalidades

Por irregularidades en obra que se ejecuta en Villa San Isidro, y que seguirá en otras tres localidades

Villa San Isidro


La entrega oficial del informe, producto de la inspección ocular, que realizó el Comité Local del Colegio de Ingenieros del Perú Chepén – Guadalupe, sobre la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en las localidades de Mariscal Castilla, San Ramón, Jorge Chávez y Villa San Isidro" incluyó una exposición del mismo, acompañado de fotografías.

La presidenta del comité de fiscalización de la obra, Inés Arteaga, al recibir el documento dijo que antes de cualquier acción pondrá en conocimiento de la alcaldesa del CP Villa San Isidro, pues ella también solicitó la intervención del CIP, en nombre de la ciudadanía. Esto, dijo, lo hacía para fortalecer la unidad ciudadana en la vigilancia. El informe sería dirigido a la MDG por parte de la municipalidad del CP, en tanto el comité de fiscalización haría lo propio enviándolo a la Contraloría, al Ministerio de Vivienda y a la Fiscalía.

Ines Arteaga Y Cip Villa San Isidro

En la descripción del informe, un miembro del CIP Guadalupe – Chepén detalló que había “irregularidades claras y evidentes”. Recordó que la visita fue de manera inopinada, y que la empresa y el representante del supervisor facilitaron la visita. “Se pidió permiso a la empresa y a la supervisión de obra para el recorrido y ver el proceso constructivo. Hemos evidenciado la falta del personal clave de obra. No había supervisor, estaba el representante del supervisor. Sí nos permitieron el recorrido en la zona de ejecución. Participó el CIP local, la municipalidad del CP, el comité de fiscalización, la subprefecta, el regidor Ortiz. Del contratista, había el residente, pero no el personal especialista contratado. Del plantel clave no había el especialista de infraestructura, el de medio ambiente, de instalaciones electromecánicas, tampoco. En el trabajo de movimiento de tierras no había especialista en seguridad de obra. Se excavaron de zanjas de más de 1 metro y medio. Allí hay riesgos de desprendimiento. En la excavación no había arqueólogo, por lo que se podía haber encontrado. De parte de la supervisión solo hubo un representante, pero no el plantel clave que son una serie de especialistas”.

Otras observaciones fueron que en el trabajo de alcantarillado no había parantes ni cintas de seguridad para resguardar la seguridad en la obra. En toda la exposición se mostraban imágenes descriptivas. “Para eso hay una partida. Tiene mucha importancia en la valorización, que supongo ha sido aprobada y tal vez ya cancelada. En la excavación de zanjas no hay medidas de seguridad, además las camas de apoyo a la tubería s no cumplen con lo especificado en el expediente técnico…. El expediente manda compactación de la zona con material seleccionado, se entiende tamizado, pero hemos encontrado tierra de chacra, raíces, bolsas plásticas, es una gran deficiencia”.

De igual modo se describieron similares observaciones en las conexiones domiciliarias, lo que podría afectar severamente las tuberías, incluso podría ocasionar roturas.

Se explicó que con todas las observaciones hechas, la municipalidad debía aplicar penalidades señaladas en el contrato por incumplimiento. Según el cálculo que hicieron sería del orden de los S/ 78,754.

Añadieron que no se encontró equipo de compactación, sino solo apisonadores empíricos hechos con una base cuadrada de vaciado concreto con un palo, para apisonar de manera manual. Esto no garantiza una compactación uniforme tal como está señalado en el expediente técnico.

Esta última observación fue apuntalada por la presidenta del comité de fiscalización quien dijo que el apisonamiento lo hacían los obreros con los pies. “No somos especialistas por eso recurrimos a ustedes. Porque queremos una buena ejecución de la obra”, reiteró varias veces.

Finalmente el decano del CIP la Libertad y los asistentes coincidieron en que el informe debería ser ingresado a la Municipalidad Distrital de Guadalupe con una carta solicitando atención al mismo, “para que lo utilice y derive al supervisor y al residente y se tomen las correcciones concordantes con las pruebas de control”.

Se añadió que una copia debía enviarse al Ministerio de Vivienda, a la Contraloría y la Fiscalía. La alcaldesa Villacorta sería la encargada de ingresar el informe a la MDG y el comité, a Contraloría y a Vivienda.

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