Seguir Denunciando, Con Responsabilidad

Constitucion Politica Del Peru

Dos posiciones muy distintas ha mostrado el alcalde de Guadalupe frente a la fiscalización de la que es objeto el gobierno que preside (2019-2022). El jueves 30 de mayo, cuando tuvo enfrente a los ciudadanos de Villa San Isidro, escuchó las observaciones y evitó intervenir. El miércoles 5 de junio, en cambio, en sesión de concejo, tras soportar la lectura de la carta del ciudadano Augusto Sánchez Zapata, que demanda investigar un proceso de selección, el alcalde explotó.

Ha dicho -entre otras frases- que quienes cuestionan son gente perversa y malvada. “() En realidad son enemigos del pueblo. Con sinceridad se los digo. Igual veo en Villa San Isidro, Ciudad de Dios. Hay gente mala que no deja avanzar ()”, manifestó el alcalde. Ha responsabilizado de no dejarlo avanzar en su gestión.

Ha manifestado que denunciará a quienes lo calumnien.

Está asumiendo una posición equivocada, que puede ser interpretada como abusiva o prepotente porque el ciudadano Benjamín Banda Abanto ejerce y detenta poder. Su “anuncio” equivale a amenazar a quienes formulen denuncias contra el gobierno que encabeza, desde donde -reiteramos- ejerce poder, aunque por encargo, y para gobernar con apego y sometimiento a la ley y eso implica la obligación de rendir cuentas.

Tienen que saber los alcaldes, que las denuncias de los ciudadanos se formulan bajo la presunción de ilícitos; efectivamente quienes denuncian son quienes deben probar los delitos. Pero los ciudadanos no tienen ese rol, los ciudadanos presumen, sospechan, reúnen indicios, y recurren a la instancia competente. Tan es así, que la Contraloría General de la República invita a los ciudadanos a que formulen sus denuncias exponiendo sus sospechas y refieran los indicios con los que cuentan. Es derecho y potestad del ciudadano acudir a la Contraloría o al Ministerio Público, o a la propia policía.

En caso de una denuncia ciudadana, es el Ministerio Público el que luego de determinar si procede la investigación, deberá acusar recurriendo a pruebas. Así como el Poder Judicial es el que determina la inocencia o culpabilidad. Y recuérdese que incluso las resoluciones fiscales o judiciales pueden ser sometidas a la crítica y al cuestionamiento. Por eso cuando un fiscal omite acusar a un corrupto, los ciudadanos -o la prensa- tienen derecho a cuestionar y sospechar de ese accionar. Lo mismo pasa con los fallos judiciales. Es el sistema democrático.

El Estado se ha visto obligado a crear fiscalías y juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios porque la corrupción nos ahoga. Porque no está solo en los casos Odebrecht, Lava Jato y Los Cuellos Blancos. La corrupción existe en las municipalidades. Hay simbiosis creadas entre proveedores y funcionarios que se movilizan de un gobierno a otro, que perfeccionan su actuar, lo que les permite librarse de controles, a pesar de las denuncias ciudadanas.

Una denuncia ciudadana no alcanza para desbaratar la corrupción que se padece. Y por eso hace bien la vigilancia y el control de los ciudadanos, por lo menos sobre las obras públicas. Si está a la vista de los vecinos la ausencia de los supervisores o de los residentes de obra; el retraso de obras, o el uso de materiales inadecuados, corresponde a los ciudadanos, denunciar. A quién le puede hacer daño vigilar las obras, exigir copia de los expedientes, preguntar y exigir cuentas. Los gobiernos, a través de sus alcaldes y regidores, deberían agradecer, impulsar y fortalecer el control ciudadano, en lugar de pretender restarle validez. El gobernante debe responder solo con transparencia.

La participación ciudadana, la vigilancia y el control ciudadano constituyen derechos constitucionales, y es por ello que existe la revocatoria de autoridades, la posibilidad de demandar la rendición de cuentas.

No se puede desconocer que en Guadalupe han asesinado a por lo menos dos ciudadanos que ejercían su derecho al control y a la crítica. Nos referimos al dirigente y conductor de radio, José Santos Cuyate Falla (2012), y del dirigente del Sindicato de Construcción Civil de Guadalupe (Pacasmayo), Víctor Rodas Medina (2015). Tampoco se olvida que José Moncada Uriol, ciudadano vigilante, murió en un supuesto accidente (2014). A ellos se suma el crimen de Joel QUiroz Vásquez en el vecino distrito de Chepén (diciembre, 2014).

Por ello, por la seguridad de los ciudadanos, por la salud de la democracia, cualquier intención de acallar a la ciudadanía fiscalizadora tiene que ser rechazada.

En la misma sesión, Banda ha dicho “() no me voy a someter a chantaje, porque no le voy a dar un sol a la prensa, no les voy a dar un sol, y no voy a permitir que pongan de rodillas a la gestión (…) Si ha tenido esa costumbre un sector de la prensa, de chantajear a los gobiernos, conmigo no”.

Debemos llamar a cada cosa por su nombre. El chantaje no es periodismo; quien se disfraza de periodista para ejercer chantaje debe ser denunciado inmediatamente ante la policía y el Ministerio Público. Banda no debe dudar en denunciar esas prácticas.

Así como se espera que haya denunciado el ofrecimiento de dinero que le hicieron por parte de una empresa. Ante los ciudadanos de Villa San Isidro, el 11 abril, Banda reveló que en Lima, representantes de una empresa le ofrecieron 100 mil soles. No dio más detalles del caso pero lo dijo cuando los ciudadanos reclamaban que la coima del 10 por ciento de la obra de saneamiento del proyecto de 15 millones de soles, se use en su pueblo.

La denuncia, siempre que sea responsable, puede ayudar a frenar la corrupción, y es un derecho y un deber ejercerla. No hacerlo es faltar a un deber cívico, y terminar siendo cómplice. A denunciar sí, con responsabilidad, y sin miedo.

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