Pacanga  |  

Ministerio Público Denuncia a Ex Alcalde, Ex Funcionarios y 2 Proveedores por Colusión Agravada

Natasha Corte La Libertad


La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo formuló acusación contra el ex alcalde del distrito de Pacanga, Telésforo Medina Ortiz, siete ex funcionarios de esa misma municipalidad y dos proveedores, por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Pacanga.

La acusación fiscal fue ingresada el 17 de abril 2019 al 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo, en la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Trujillo.

Según se ha podido conocer, aún no se ha notificado a todas las partes involucradas, para la audiencia de control de acusación.

El fiscal del caso es Luis Gustavo Guillermo Bringas.

El proceso se encuentra en la etapa de control de acusación.

Según la acusación fiscal, el ex alcalde Telésforo Medina Ortiz y los ex funcionarios Walter Nicho Panduro, Nicanor Becerra Castañeda, Ricardo Guanilo Ayala, Fredy Junior Hurtado Espinoza, José Bernardo Noriega Pairazamán, Lázaro Cornejo de la Oliva y Manuel Jesús Suárez Mendoza, habrían concertado para contratar a Antero Moisés Sánchez Ninaquispe, y a la empresa “Entrenando Líderes E.I.R.L”, de Cris Anyer Fuentes Dávila, privilegiándoles con el pago de S/ 8,600 y S/ 7,800 a cada uno respectivamente, por dictar talleres que supuestamente duraron 3 días.

La teoría fiscal señala que el alcalde Medina Ortiz, determinó “que se contrate de forma directa y sobrevalorada a los proveedores Antero Moisés Sánchez Ninaquispe y Cris Anyer Fuentes Dávila, representante legal de la empresa “Entrenando Líderes E.I.R.L”, pese a que dichas personas no tenían experiencia ni calificación para dictar el taller de capacitación, los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2015”.

Los proveedores Antero Moisés Sánchez Ninaquispe y Cris Anyer Fuentes Dávila, son considerados cómplices del delito.

Por esto, fiscalía le atribuye al alcalde la condición de “instigador del delito de colusión agravada”. Similar figura se le imputa en la realización del Taller de Capacitación programado para los días 14,15,16 y 17 de mayo del 2015.

A Nicanor Becerra Castañeda, ex jefe de la División de Servicios Sociales y Servicios Municipales, área usuaria de los talleres, se le imputa la calidad de cómplice primario.

A los ex funcionarios Fredy Junior Hurtado Espinoza, ex jefe de Logística; Ricardo Guanilo Ayala, ex jefe de Administración y Finanzas; Walter Augusto Nicho Panduro, ex gerente municipal; José Bernardo Noriega Pairazamán, ex jefe de logística; Lázaro Cornejo de la Oliva, les atribuye la calidad de autores del delito de colusión agravada. Finalmente al funcionario Manuel Jesús Suárez Mendoza, ex jefe de Presupuesto y Planificación; y a los proveedores Antero Moisés Sánchez Ninaquispe y Cris Anyer Fuentes Dávila, la calidad de cómplices del delito imputado.

Los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero 2015, el alcalde y los funcionarios ejecutaron el primer evento programado.

EL PRIMER TALLER

El postulado fiscal incriminatorio señala que en el primer taller, los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero 2015, el alcalde y los funcionarios ejecutaron el primer evento programado en el Plan Operativo Institucional de ese año. Para ello habrían concertado la contratación de Antero José Sánchez Ninaquispe, a quien le pagarían S/ 8,600 y a la empresa de Crys Anyer Fuentes Dávila la suma de S/ 7,600.

Se realizaron los procedimientos para el pago, aunque para la ejecución del Taller, no se realizó estudio de mercado, ni se recabó cotización alguna. Directamente se tramitaron los pagos, y uno de ellos se hizo efectivo el primer día del taller.

Añade el documento de formulación de acusación que el funcionario acusado Fredy Junior Hurtado Espinoza, ex jefe de logística de ese momento, declaró que “los proveedores eran conocidos del alcalde, ya que él dio el nombre de dicha empresa para el trámite”.

El Ministerio Público advierte que en el caso de la empresa de Cris Anyer Fuentes Dávila, esta cuenta solo con secundaria completa.

Detalla la acusación fiscal que el proveedor Antero Moisés Sánchez Ninaquispe “es técnico en mecánica de producción y profesor de educación física y no tiene preparación, ni experiencia profesional como capacitador en temas de liderazgo”.

El Ministerio Público advierte que en el caso de la empresa de Cris Anyer Fuentes Dávila, esta cuenta solo con secundaria completa. La fiscalía presume que se le habría favorecido por la presunta cercanía con el ex alcalde Medina; sustenta ello en “las impresiones de la página de Facebook de la acusada Fuentes Dávila, en las cuales se puede apreciar que tiene como amigos a varios familiares del ex alcalde Telésforo Medina”. Añade que, “no existe evidencia alguna de la efectiva realización del taller de capacitación.

Respecto de la presunta sobrevaloración, el fiscal advierte que, “resulta inaudito que se termine pagando S/ 7,800 a Cris Fuentes Dávila, a través de su empresa “Entrenando Líderes EIRL”, por dictar un solo día y S/ 8,600 a Antero Sánchez Ninaquispe, por dictar un día y medio; pese a no tener mayores calificaciones para dictar dichos talleres. Por tanto, ello solo habla de un acuerdo ilícito para defraudar económicamente a la Municipalidad Distrital de Pacanga”.

Para el segundo taller se contrató a Antero Moisés Sánchez Ninaquispe por S/ 7,000.

SEGUNDO TALLER

El segundo taller es un calco del primero. Denominado “Entrenando Líderes”, el taller consignaba un presupuesto de S/ 16 mil y se realizaría del 14 al 17 de mayo 2015. Para el taller se contrató a Antero Moisés Sánchez Ninaquispe y se le cancelaría S/ 7,000. En este caso ya no estaban presentes en sus cargos los funcionarios Hurtado Espinoza (Logística), ni Guanilo Ayala (Administración y Rentas). Les habían sucedido José Bernardo Noriega Pairazamán y Lázaro Cornejo de la Oliva, respectivamente.

CÁLCULO DE LAS PENAS

La acusación fiscal señala que la responsabilidad del alcalde Medina debería ser sancionada con una pena de 13 años de prisión, 10 años de inhabilitación y 630 días multa, por cada caso imputado.

Para el proveedor Antero Moisés Sánchez Ninaquispe solicita 12 años de prisión e inhabilitación para contratar con el Estado, y 610 días multa, para cada caso.

En el caso de los funcionarios Walter Nicho Panduro, Nicanor Becerra Castañeda, Ricardo Guanilo Ayala, Fredy Hurtado Espinoza y Manuel Jesús Suárez Mendoza se pide 10 años de prisión e inhabilitación y 510 días multa por el primer caso.

A las penas solicitadas por el fiscal Guillermo Bringas, aún queda por determinarse cuál será la reparación civil que se solicitará.

El Ministerio Público solicita para la proveedora Cris Anyer Fuentes Dávila, 9 años de prisión e inhabilitación y 490 días multa. La imputada solo es requerida por el primer caso.

Para los ex funcionarios Walter Nicho Panduro, Nicanor Becerra Castañeda, Manuel Jesús Suárez Mendoza, Lázaro Cornejo de la Oliva se pide 10 años de prisión, e inhabilitación y 510 días multa, por el segundo caso.

Con este cálculo, el fiscal advierte que Medina Ortiz, Nicho Panduro, Becerra Castañeda, Suárez Mendoza y Sánchez Ninaquispe, al haber participado en los dos hechos imputados, incurren en un concurso real de delitos, y son pasibles de ser sentenciados sumando las penas de cárcel.

Para los demás imputados, corresponde la responsabilidad penal por un solo hecho.

Se desconoce por qué en esta prognosis de la pena, del segundo caso, no se incluye a José Bernardo Noriega Pairazamán. Se presume ha sido un error de redacción del documento fiscal, debido a que en los cargos y participación se detallan exactamente en el mismo sentido y responsabilidad que su antecesor en el puesto de logística de la MDP.

FALTA DEFINIRSE REPARACIÓN CIVIL

A las penas solicitadas por el fiscal Guillermo Bringas, aún queda por determinarse cuál será la reparación civil que se solicitará. Aún no se ha hecho ese requerimiento, pues corresponde hacerlo a la Procuraduría Pública Anticorrupción de La Libertad, al haberse constituido como actor civil en la demanda.

COMPARECENCIA SIMPLE

Finalmente el fiscal ha solicitado comparecencia simple contra todos los involucrados en el caso.

QUE ES COLUSIÓN AGRAVADA

En el delito de colusión agravada se requiere que el agente perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado; es decir, se trata de un delito de resultado lesivo, donde el desvalor de la acción, esto es, la concertación idónea, no es suficiente para configurar el delito, pues aquí se exige la efectiva lesión o perjuicio al patrimonio del Estado -desvalor de resultado-. Una prueba idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto en una determinada entidad viene a ser la pericia contable, en tanto esta sea concreta y específica.

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