Después de AGP



El suicidio del expresidente Alan García Pérez (1949-2019) ha remecido al Perú y ha dejado una ola de rumores que debe terminar.

Circulan falsas versiones como el hecho de que el certificado de necropsia lleva la firma de una médico legista muerta. El Ministerio Público ya ha precisado que la médico legista Angie Villón Valenzuela sí está viva y ejerciendo su profesión, conforme le compete, por lo que el documento, que además lleva la firma de un fiscal, es perfectamente válido.

La muerte por propia mano, aunque repentina para la mayoría de peruanos, había sido planificada por el expresidente quien tuvo tiempo de escribir y dejar en custodia de su abogado Ricardo Pinedo, desde hace cinco meses, una carta que fue recién entregada a sus hijos, y a la que se dio lectura en el velatorio.

La personal y particular decisión impide seguir cualquier acción penal en contra del expresidente, investigado a raíz del pago de millones de dólares en sobornos que hizo la empresa Odebrecht a sucesivos gobiernos nacionales. Sin embargo las causas de la justicia deben continuar y eso es lo que no se debe perder de vista. Son varios expresidentes, exfuncionarios de gobiernos, dos exalcaldes de Lima, y hasta excandidatos los que aún deben responder de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público.

No se justifica el ataque contra la justicia peruana, que está librando su propia batalla interna para librarse de sus propios corruptos en la policía, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, y que tiene como el más emblemático caso el de Los Cuellos Blancos del Puerto. A estas alturas de los avances, que parecen minúsculos, pero que han sido enormes pasos, y cuando Perú es visto con admiración por otros países, donde la justicia está tomada por el poder político, y donde las investigaciones por las coimas de Odebrecht no avanzan, se tiene que defender el sistema anticorrupción peruano.

Se tiene que defender a la justicia de los corruptos y también de los políticos, y de sus cortesanos. De aquellos políticos que hace poco más de un año crucificaron a PPK y que ahora salen en su supuesta defensa, y sin vergüenza alguna pretenden sorprender a los peruanos disfrazando sus intereses de una supuesta necesidad de perdón y unidad.

El Perú no puede seguir reventando de pus, la limpieza tiene que continuar, y se tiene que saludar que existan fiscales capaces de mantenerse firmes en el cargo que les corresponde cumplir. Si las medidas restrictivas como las prisiones preventivas deben ser reevaluadas, que se haga pero que sea con equidad para absolutamente todos los investigados; y si deben mantenerse que continúen, en función de garantizar la justicia, de que esta no sea burlada como por años viene ocurriendo, a costa de todos los peruanos decentes, que con esfuerzo y respetando el estado de Derecho, salen adelante.

El suicidio de AGP es lamentable, no debe por ningún motivo ser motivo de burla, se debe respetar el dolor de su familia, pero de ninguna manera se puede permitir que ese acto sea usado para beneficiar a los corruptos; no se puede permitir que los corruptos amparados en su poder económico y político sigan impunes. Que respondan como corresponde por sus actos, en la medida que la justicia lo ha señalado. El Perú no puede seguir siendo el botín de una clase política corrupta, tiene que ser rescatado por el bien de las generaciones que nos sucederán.

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