Quién Defiende a Pacasmayo



La expectativa que se ha despertado por el anuncio del Plan Copesco Nacional de remodelar el Malecón Grau en Pacasmayo y ampliarlo hasta la Playa El Faro, con una inversión que se calcula en 45 millones de soles, llega acompañada de preocupación por el peligro de perder esa obra.

Se tiene que tener en cuenta que Plan Copesco Nacional ha sido claro en señalar que la primera propuesta estaría listo en mayo próximo, pero que es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo garantizar que el área estará libre para la formulación del expediente y posterior ejecución de la obra. Lo cierto es que el área está tomada por quienes se hacen llamar "posesionarios", amparados en certificados supuestamente emitidos por la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc; pero a los que las autoridades municipales califican de invasores porque la municipalidad tiene la propiedad registral de dichos terrenos.

Uno de los organismos de la sociedad civil que rápidamente ha reaccionado pidiendo al alcalde César Milla Manay que fije su posición frente a la situación ha sido el Comité de Gestión de Turismo de Pacasmayo que integran representantes de diversas instituciones locales. Esto ha servido para una primera reunión con los servidores públicos de la nueva gestión municipal y sobre todo para que expresen sus posiciones frente a un problema que se arrastra de años y que mientras permanece irresuelto solo se agrava y agranda.

La posición de los funcionarios de la gestión Milla no ha calmado la preocupación ciudadana ni la del Comité, porque no se percibe firmeza, ni decisión en la defensa y recuperación de los espacios de propiedad del Estado, y en particular de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. Se debe tener en cuenta que el hecho de que haya funcionarios nuevos en el gobierno municipal no los justifica de conocer a fondo problemas complejos, y que la municipalidad como tal es una unidad, y en este caso la MDP cuenta con una sentencia favorable a un ex funcionario que ejecutó una democión de construcciones de invasores. Esa sentencia fue emitida en el año 2017 a raíz de una denuncia planteada por los mismos invasores ante el Ministerio Público por hechos que ocurrieron en el año 2014.

El propio ex asesor legal externo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Roger Burgos Delgado, denunciado porque en representación de la municipalidad dispuso la demolición de construcciones ilegales en terrenos estatales, ha recordado el contenido de la sentencia que dictó el juez y que dejó abierto el camino para que se continúen investigaciones por tráfico de terrenos en la codiciada zona de la franja costera de Pacasmayo.

El asunto es responsabilidad directa de la municipalidad, y del Ministerio Público, que debe garantizar el estado de Derecho, y accionar en contra el delito y de quienes delinquen. La usurpación de terrenos de propiedad del Estado y el tráfico de terrenos constituyen delitos, que son ejecutados por organizaciones criminales, conforme se ha podido acreditar en situaciones similares en otras regiones. El problema es que este tipo de organizaciones consiguen cómplices y ayuda dentro del propio aparato estatal. Pacasmayo tiene derecho a recibir las inversiones del Estado, así como reclamar que las leyes se apliquen en defensa de los intereses de toda la ciudad.

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