Guadalupe  |  

Alcalde Banda y Ex Alcalde Mora Citados por Fiscalía

Mama Pancha Y Otros En Local MDG



Hoy y mañana se realizarán las diligencias de declaraciones indagatorias sobre los involucrados en el caso de presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Resistencia o Desobediencia a la Autoridad en agravio de Etna Nelly Figuerola de Salcedo y el Estado Peruano. Es el caso que se ha originado porque la municipalidad de Guadalupe ha incumplido la orden judicial que dispone que el local inscrito como propiedad municipal, y donde funciona la discoteca Mama Pancha, y otros, no se ha devuelto a sus originales propietarios.

La disposición fiscal del 1 de febrero del 2019, sobre el caso 177-2019 a cargo del fiscal responsable Germán Risco Baquedano da curso a la denuncia formulada contra el ex alcalde de Guadalupe Benjamín Wander Mora Costilla, el alcalde actual Benjamín Banda Abanto y la funcionaria municipal Veranis Aracely Quilcate Velásquez. A la demanda se ha apersonado el Estado Peruano representado por el procurador público del Poder Judicial.


Como se recuerda, Etna Nelly Figuerola de Salcedo puso de conocimiento al alcalde Benjamín Banda Abanto el 9 de enero del 2019, con expediente 12-159, la sentencia favorable sobre mejor derecho de propiedad, ganada por su persona en contra de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.

El juicio concluyó con la sentencia de fecha 31 de julio 2018 que ordenó la cancelación del registro de la propiedad que figuraba a favor de la MDG sobre el predio signado en la calle Ayacucho Mz 38 Lt 46 – Guadalupe, local donde funciona además del local de diversiones Mama Pancha, la Ronda Campesina de Guadalupe.

La comunicación cursada, de acuerdo a norma, otorgaba 6 días hábiles para que la MDG entregue el inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento.

La sentencia que está consentida desde el 3 de setiembre 2018, no fue atendida por la Municipalidad Distrital de Guadalupe por la actual gestión municipal, configurando con ello el delito que se imputa y bajo el que se investiga al alcalde Banda Abanto.

La sentencia ya había sido comunicada oportunamente también al ex alcalde Benjamín Wander Mora Costilla y a la ex procuradora de la MDG Veranis Aracely Quilcate Vásquez. Pero ninguno de los dos alcaldes dispuso cumplir con la sentencia judicial, y tampoco hubo respuesta de Mora, ni de Quilcate, cuando aún ejercían sus cargos.

El Ministerio Público ha imputado la presunta comisión del delito de Resistencia o Desobediencia a la Autoridad, contenido en el Art. 368 del Código Penal que prescribe que “El que desobedece o resiste a la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

Para determinar formalmente si el delito se ha cometido, el Ministerio Público debe cumplir con realizar las diligencias señaladas como “actos urgentes o inaplazables”, entre ellos la citación a los implicados para recibir sus declaraciones, elemento indispensable para proceder con el pronunciamiento de la acción penal del caso.

Según el cronograma establecido en la resolución, hoy debe prestar su declaración la parte agraviada.

Los investigados, que son la ex procuradora Quilcate Velásquez, el ex alcalde Mora Costilla y el alcalde Banda Abanto deberán concurrir al despacho fiscal mañana jueves 14 de marzo a las 9,10 y 11 de la mañana, respectivamente, “en presencia de su abogado de libre elección o en su defecto del defensor público, bajo apercibimiento de ordenar su conducción compulsiva en caso de inasistencia injustificada”.

La disposición fiscal, que tiene fecha 1 de febrero 2019, había previsto oficiar al Juez Civil de San Pedro de Lloc para que proporcione copia del expediente 134-2017, demanda ganada y consentida a favor de Figuerola de Salcedo.

También había dispuesto oficiar al alcalde Banda Abanto para que informe la situación del predio materia de la demanda.

Otro requerimiento establecido en la disposición fiscal fue que se oficie al alcalde Banda para que informe si la gestión actual o saliente cumplió con lo ordenado en la sentencia, en la que se le otorgó 6 días de plazo para entregar el inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento.

El Ministerio Público ofició a Registros Públicos para que remita copias de la partida registral del predio. También dispuso se recaben los antecedentes penales de los investigados.

Conforme informamos el 21 de febrero, la Municipalidad Distrital de Guadalupe no realizó ninguna acción para intentar cumplir con la orden judicial a favor de Figuerola de Salcedo; y se limitaron a informar que el caso era estudiado por asesoría jurídica de la MDG.



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