Junta de Usuarios, Historia Que Se Repite

Junta



Corrupción es el término que resume la serie de irregularidades detectadas en la gestión que ha presidido Hugo Herminio Quilcate Sánchez y que ha derivado por fin en acciones efectivas por parte de la Autoridad del Agua, órgano del Ministerio de Agricultura.

Las irregularidades se dieron desde las elecciones mismas, como ha quedado acreditado en una serie de informaciones que recogían diversas denuncias y cuestionables decisiones adoptadas en diversas entidades estatales, incluido el Ministerio de Agricultura.

Pasado un año de la gestión, la propia Autoridad del Agua detectó y sancionó por graves conductas derivadas del incumplimiento de la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua y su reglamento al consejo directivo que presidía Quilcate. Resultaron sancionados todos los miembros del consejo directivo, la mayoría de los cuales permanece en la reconstituida directiva actual. Las irregularidades que se detectaron están relacionadas con la gestión del agua y el manejo económico financiero, tal como ha quedado plasmado en la Resolución Directoral 2100-2018-ANA-AAA.JZ-V.

Según la resolución que inhabilita a Quilcate “la Junta de Usuarios vendría incurriendo en nuevas infracciones administrativas, generando un problema y peligro en la gestión y administración de la infraestructura hidráulica pública (distribución del agua, operación, mantenimiento y desarrollo de la misma), así como una deficiente administración de los recursos públicos que recauda (retribución económica y tarifa de agua), generando un perjuicio en la distribución del agua en detrimento de los agricultores y no adopción de medidas urgentes en resguardo del interés público ()”.

Es delicado porque un comportamiento irresponsable, y hasta populista, para mantener apoyo de los usuarios, permite el festín con el recurso agua, cedido sin equidad, sin control y sin justicia, repartiendo en función de intereses particulares. Además no había garantía de que las recaudaciones por el pago de agua, se inviertan como corresponde, y como manda la ley.

Las medidas de inhabilitación que se consideran temporales tienen que servir para transparentar la gestión, para auscultar con mayor detenimiento el manejo económico y la distribución del agua. Es la hora de esclarecer y de identificar a quienes están a favor de la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos. La lealtad tiene que ser con los usuarios de agua, con los agricultores que empeñan su parcela con tal de pagar el agua, y que terminan siendo víctimas del mal manejo de la institución.

La cuestionable administración y deficiente gestión de los bienes y recursos públicos, tiene que tener responsables; y todos los directivos actuales, así como los propios usuarios comprometidos con su institución y con la defensa de la legalidad, deben contribuir al esclarecimiento y amplitud de los hechos que se han detectado.

Corresponde a la Autoridad del Agua en sus distintos estamentos mantenerse firme en la defensa de la ley, y de los intereses del Estado y de los usuarios de agua. Pero es responsabilidad de toda la comunidad exigir que las autoridades de Agua y de Agricultura se aseguren que estos nuevos hechos no queden otra vez en el archivo histórico; que se conviertan alguna vez en denuncias ante los órganos jurisdiccionales, en la búsqueda de sanciones efectivas. La corrupción siempre encuentra nexos y lazos para burlar la justicia, que no ocurra otra vez.

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