El Abuso y la Arbitrariedad


La bancada de Fuerza Popular, aunque reducida en número, sigue haciendo gala de su compromiso con la ilegalidad y el abuso. Fuerza Popular ha impedido el debate en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del caso de Edwin Donayre, congresista de APP que en agosto 2018, fue sentenciado por el delito de peculado, a cinco años y seis meses de prisión en el proceso que se conoció como "gasolinazo".

La posición de los fujimoristas, como se ha visto, es dilatar con diversos argumentos y evitar que se cumpla la sentencia de prisión dictada por el Poder Judicial contra Donayre. Por un lado se pide que primero la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, emita su pronunciamiento respecto al caso, una figura que no le corresponde; pero además ya se sabe que la comisión Bartra es ducha en retrasar informes que no convienen a sus allegados, sino recuérdese el informe Lava Jato.

Por su parte Bartra ha dicho que se debe esperar a que el Poder Judicial resuelva el recurso de nulidad que ha presentado Donayre, un esfuerzo de ahogado que solo dilata lo que deberá ocurrir, que es cumplir con su sentencia de cárcel.

Donayre incurrió en peculado en el desempeño de sus funciones como oficial del Ejército Peruano; el juicio por el caso tomó varios años, y cuando finalmente le corresponde responder ante la justicia, como ha pasado con los otros involucrados, se ampara en su inmunidad.

“No es posible que la inmunidad parlamentaria que se le otorga al congresista lo proteja de estos casos pendientes que tiene desde antes de entrar al Congreso. No estoy de acuerdo con eso y creo que no debemos seguir dilatándolo”, ha dicho María Choquehuanca exigiendo que Fuerza Popular no lo proteja.

La inmunidad es una figura que tendrá que ser corregida, con claras limitaciones, o eliminada, dados los varios casos que se han presentado y se siguen presentando en el Congreso peruano, adonde llegan sujetos perseguidos por la justicia o con deudas con la justicia. La inmunidad ha servido para proteger a sujetos con sentencia, como ocurre con Donayre, o para evitar que sean investigados por incurrir en delitos penales; cuando la inmunidad debería proteger al parlamentario en su función fiscalizadora o legisladora. De ese modo la inmunidad en el Congreso equivale a impunidad.

Se espera que la justicia actúe, y si como han advertido algunos especialistas, los congresistas que están evitando que Donayre cumpla su sentencia, han incurrido en infracción constitucional, se espera que sean acusados y se proceda como corresponde.

Los congresistas se están erigiendo como una justicia paralela, cuestionando una sentencia, lo que no les corresponde, en claro abuso de autoridad y arbitrariedad. Eso debe ser sancionado.

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