Pacanga  |  

Alcalde Cerna y Servidores Municipales Son Inhabilitados Para Ejercer Función Pública Por 4 Años

Natasha Corte La Libertad

La sentencia en primera instancia contra el alcalde de Pacanga, Santos Apolinar Cerna Quispe, y otras seis personas, por el delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, incluye la inhabilitación de la función pública por el período de cuatro años, y el pago de una reparación civil de 300 mil soles de manera solidaria, incluido el tercero civil responsable que son las empresas A&J Contratistas EIRL y Balarezo Ings. SCRL, las cuales conformaron el consorcio "Virgen del Carmen".

Debido a la inhabilitación de la función pública no podrán ejercer función, cargo o comisión, ni empleo de carácter público, por el período de cuatro años.

LOS AUTORES

Junto con Cerna Quispe han sido condenados en su calidad de autores, los funcionarios municipales Juan Manuel Bazán Palomino (66), Tomás Arturo Licham Gil, Elizabeth Gady Sánchez La Barrera (42) a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el período de tres años bajo reglas de conducta. De este modo se salvan de pisar la cárcel, aunque para Cerna significará el inicio de un proceso de vacancia.

LOS CÓMPLICES

Además han sido condenados como cómplices del delito de negociación incompatible, Leonardo Max Montenegro Tumez (67), el actual regidor Patricio Baltazar Pérez Alvitres (61) y el abogado Carlos Enrique Guanilo Rodríguez (53).

Montenegro y Pérez, en su calidad de cómplices, fueron condenados a cuatro años de pena privativa de la libertad, la misma que se suspende en su ejecución por el período de tres años bajo reglas de conducta.

Guanilo es el único que ha recibido la pena más drástica: cuatro años de pena privativa de la libertad, efectiva en su ejecución, por lo que la justicia dispuso su ubicación y captura para su internamiento en un penal.

Img 0447  Municipalidad Distrital Pacanga

El juicio, que ha llegado a su fin en la primera instancia, se inicia en la investigación por la contratación directa de una empresa constructora para la ejecución de una obra de saneamiento en Pacanga, la cual estaba valorizada en ocho millones de soles. La obra no fue sacada a licitación, argumentando una supuesta emergencia.

"FINGIERON EMERGENCIA"

Mediante nota informativa del Ministerio Público se indica que "los funcionarios sentenciados fingieron una situación de emergencia para adjudicar sin licitación pública y de manera directa la obra".

La obra en cuestión es la de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Pacanga, provincia de Chepén, departamento de La Libertad.

El fiscal Roberto Gerardo Lecaro Alvarado, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, llevó adelante la acusación.

El juicio en primera instancia se desarrolló en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

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