Irregularidades en Sector Salud


La gerencia regional de Salud ha cesado al médico César Eduardo Malca Polo, que laboraba en el Hospital Belén debido a que la Defensoría del Pueblo detectó que este médico influyó en una paciente que se atendía en dicho hospital para que contratara los servicios de la clínica privada Fátima, donde es el director.

Obviamente la paciente debió pagar por el servicio privado para ser operada de apendicitis, a pesar de que ya tenía programación en el hospital del Ministerio de Salud. Además sufrió una infección tras la cirugía, y al final debió regresar para ser atendida en el Hospital Belén.

Según se ha informado, la Geresa ha resuelto el contrato con el médico: “tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y en salvaguarda del prestigio del hospital se le comunica la resolución del contrato por locación de servicios (…) por lo que a partir de la fecha queda resuelto formalmente el vínculo contractual”.

El caso además es investigado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, que deberá determinar si procede un proceso penal.

Han censurado y rechazado lo sucedido, el director del hospital y la Geresa. Mientras que la Defensoría del Pueblo ha ofrecido que continuará velando por los derechos de acceso a la salud de las personas y supervisando los establecimientos de salud “para garantizar un buen servicio de parte del personal médico y administrativo”.

Todos tienen que estar de acuerdo con la labor de la Defensoría, entidad a la que se le pide que extienda sus supervisiones hacia provincias, para determinar los problemas que padecen los usuarios de los servicios del Ministerio de Salud y de EsSalud. Sin embargo la Geresa debe demostrar que rechaza esas prácticas con acciones concretas, por ejemplo con efectivo control sobre su personal.

Si ese tipo de seguimiento a médicos que trabajan en centros del Minsa o de EsSalud se hiciera en las provincias de Chepén y Pacasmayo, muchos caerían en el control y con la sanción. No solo por derivar pacientes a sus consultorios privados o clínicas particulares sino también por derivar a los pacientes a establecimientos privados para servicios de rayos X, análisis de laboratorio, y otros.

Otro gran problema pendiente de resolver es el aprovechamiento de los equipos de establecimientos de salud del Estado. Se prestan servicios bajo el cobro de ciertas tarifas a quienes no son pacientes y que proceden de consultorios privados. Eso es un secreto a voces. Se perjudica a los pacientes de los servicios estatales, se explota el equipo de propiedad del Estado y quienes disfrutan de ese abuso son algunos malo servidores, en perjuicio de la mayoría.

Solo la forma en que se asignan los cupos para citas merece una investigación seria de parte de las autoridades. No hay cuándo se transparente esa etapa del servicio y no hay forma de que mejore.

Hay mucho por resolver en el sector de la salud, ojalá que esta sanción sea una primera advertencia contra los malos servidores públicos.

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