Impune Robo de Agua



El alcalde Aldo Navarro Sarmiento ha vuelto a insistir en lo que es un secreto a voces: el robo de agua en perjuicio de la población del distrito de Pacasmayo.
Esto ocurre pese a que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo paga su derecho, como cualquier otro usuario, para recibir dotación de agua que está destinada al uso humano lo cual tiene prioridad.

Se ha hecho repetitivo que durante las campañas agrícolas, la ciudad se quede sin el servicio de agua potable o que sufra restricciones debido a la escandalosa sustracción de agua en el camino que recorre desde el reservorio Gallito Ciego, por el Canal Teniente, hasta las lagunas receptoras ubicadas en Pacasmayo.

Lo que ocurre es consecuencia de la corrupción que se vive en el sector agrario. Algunos agricultores que pagan menos de lo que usan, otros que no pagan por el servicio pero que inexplicablemente se agencian del agua en la cantidad que necesitan para sus cultivos, en perjuicio de todos los demás que sí cumplen con las normas, hacen su declaración de siembra y pagan por el agua ante su respectiva comisión de usuarios. Es un delito, pero no se sanciona; y se continúa con la impunidad.

Pero no son solo los agricultores que sustraen el agua, los responsables; están también los supuestos empleados encargados de la distribución y del control, quienes conocen lo que ocurre y lo permiten, lo cual no es un acto desinteresado, ni gratuito. Por el contrario, basta observar su prosperidad económica, para deducir lo que ocurre. De allí que es posible hablar de una corrupción enquistada.

El alcalde Navarro indicó que la situación que padece Pacasmayo ha sido comunicada formalmente a las comisiones de usuarios de Jequetepeque y de San José, pero de nada ha servido. Además ha recurrido incluso al Ministerio Público, entidad que le corresponde perseguir y denunciar el delito; pero tampoco allí se ha actuado de modo efectivo.

Cómo entonces se va a acabar con este robo que ocurre por años y que se realiza incluso excavando canales no autorizados, o instalando motobombas en los propios canales para sustraer el agua. Se debe reiterar que este abuso ocurre a manos de agricultores con cierto poder e influencias, en condiciones de pagar coimas, en perjuicio no solo de la población de Pacasmayo, sino también de otros agricultores, que haciendo enormes sacrificios cumplen con pagar por su dotación de agua con fines agrícolas, pero que también resultan perjudicados.

Es este uno de los asuntos que debe convocar el interés del Ministerio Público y actuar de oficio, o atendiendo con diligencia, las denuncias recibidas. No es posible que se siga permitiendo este robo impune. El acceso al agua es un derecho constitucional, y corresponde al Estado, garantizarlo.

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