Alan García Pérez: Ni Golpe, Ni Persecución


El ex presidente Alan García Pérez, haciendo uso de su derecho y libertad, permanece en la Embajada de Uruguay en Lima, desde la noche del sábado, a la espera de que se le conceda asilo político, denunciando persecución política. A lo que no tiene derecho, es a faltar a la verdad. Acusar persecución política, a raíz de la investigación que se le sigue por presunta corrupción relacionada con Odebrecht, es mentir y evadir a la justicia.

En su pedido de asilo, dirigido al presidente Tabaré Vásquez, García reconoce las investigaciones judiciales en curso en contra de varios expresidentes. Les atribuye delitos a los otros, Humala, Toledo, PPK; pero la investigación en su contra, la califica de persecución política; así como cuestiona la investigación contra Keiko Fujimori, y su prisión preventiva.

El asilo de García ocurre, pese a que horas antes manifestó, por escrito, su disposición de allanarse al impedimento de salida del país. Ahora ha usado esta medida como una supuesta prueba de "el uso exagerado y político de los procedimientos" para acusar la persecución.

"Nos allanamos para nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo", decía el sábado a través de su cuenta personal en Twitter, después que se conoció que el juez Carlos Sánchez Balbuena acogió el pedido del fiscal José Domingo Pérez, para impedir que García Pérez saliera del país por 18 meses, en la investigación por el pago de presuntos sobornos en la obra Línea 1 del Metro de Lima, ejecutada por Odebrecht. Horas antes, ese mismo día, escribía: "() tenemos interés en que se profundice toda investigación". Mentía, en la noche del mismo sábado estaba pidiendo asilo a Uruguay.

El presidente Martín Vizcarra respondió de inmediato rechazando la acusación de AGP y demandó que todos los peruanos deben allanarse a la justicia sin excepciones; garantizó la separación de poderes y el respeto a la democracia. Días atrás, el presidente Vizcarra tuvo que negar el supuesto intento de golpe de estado, que también acusaba AGP, luego de los sucesos judiciales que llevaron a Keiko Fujimori a una prisión preventiva investigada por lavado de activos, por recibir fondos presuntamente provenientes de Odebrecht para su campaña política 2011.

En sus argumentos para pedir el asilo político, AGP ha acusado otros expresidentes. Pero él se siente libre de Odebrecht y se ampara -entre otros- en el informe Bartra, aprobado en el Congreso de mayoría fujimorista, a comienzos de noviembre.

AGP se escuda en que "se aplica abusivamente la detención preventiva" con "el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno". Sin embargo es posible cuestionar qué tipo de adversario político representa, cómo puede serlo residiendo en el extranjero, desde donde a lo mucho se expresa a través de Twitter y con una representación minúscula en el Congreso, que ha terminado siendo un apéndice del fujimorismo, altamente cuestionado y rechazado por la opinión pública. ¿Qué peligro político podría representar AGP en esas condiciones?

En su afán de defensa, el expresidente rechaza los cuestionamientos contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, involucrado en las escuchas de los jueces corruptos del caso Cuellos Blancos del Puerto, y sale en defensa del caso K.Fujimori, aseverando que se "aplicó indebidamente contra sus dirigentes la detención provisional". Ya en el año 1992, aunque entonces sí se vivía un golpe de estado, García Pérez pidió asilo en Colombia y huyó a Francia, donde vivió hasta que los delitos que se le pretendían investigar, prescribieron. La historia, al parecer, se reescribe, y no necesariamente se repite.

Sobre el autor

Prensa

Somos un equipo de periodistas trabajando de la mano de nuestros aliados, los ciudadanos.

Escríbenos a prensa@undiario.pe y síguenos en @UNDiario