De Rumores y Mentiras


La medida coercitiva de prisión preventiva que actualmente cumple la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi ha desencadenado una serie de rumores, y falsedades que salen desde las propias organizaciones políticas, como son la misma Fuerza Popular y el Apra, que hoy parecen más de acuerdo que nunca en sus posiciones políticas.

Apenas fue detenida Fujimori, los congresistas militantes de Fuerza Popular, intentaron cuestionar la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que dispuso la prisión preventiva por 36 meses. Han reiterado hasta el cansancio que el juez "adelantó opinión", y han aseverado que su lideresa es una "presa política".

Anotaremos ciertas consideraciones para que el caso sea medianamente comprendido. Primero que la audiencia que se celebra desde el miércoles 24 y que se continua diariamente ante el juez Carhuancho es porque el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, ha pedido que se dicte prisión preventiva por 36 meses contra 11 investigados, entre ellos Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal. Ese requerimiento de medida coercitiva se enmarca en el Código Procesal Penal, vigente en La Libertad desde hace más de 10 años; pero de reciente aplicación en Lima.

No se trata pues de un juicio. Aún no se ha iniciado el juicio. En el marco de las leyes vigentes en esta etapa de investigación, a cargo de la Fiscalía, se trata de asegurar que los investigados respondan a la justicia y que no obstruyan la labor fiscal.

De otro lado, es falso que el juez haya "adelantado opinión". Conforme lo ha explicado, el juez, al reinicio de la audiencia celebrada ayer, esa forma de trabajo se enmarca en la ley y su despacho ya ha recurrido a esa metodología en casos anteriores, como es el caso “Barrio king”, donde evaluó la situación de más de 30 investigados, y fue avanzando de forma progresiva con las prisiones preventivas. El juez indicó que no existe norma procesal alguna que prohíba esa metodología.

Es necesario conocer además que Fujimori es investigada porque Fuerza 2011 recibió más de un millón de dólares de Odebrecht, dinero que se hizo pasar como donativos de militantes, o recaudados en actividades partidarias, como los famosos cocteles y rifas. El fiscal Pérez investiga a 49 supuestos integrantes de la organización criminal de lavado de activos que involucra a la cúpula y allegados del partido hoy llamado Fuerza Popular. De estos 49, solo se ha pedido prisión preventiva contra 11, considerados los líderes de la organización criminal.

Otra falsedad es el supuesto golpe de estado al que se refirió el expresidente Alan García Pérez, través de su cuenta de Twitter. Y que han continuado difundiendo sus allegados y seguidores, luego que el fiscal José Domingo Pérez cuestionara la permanencia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Analistas consideran que García Pérez solo está tratando de protegerse, debido a que tras los casos Humala-Heredia, Fujimori y cúpula, él es el siguiente que deberá responder a la justicia. Con mayor razón cuando hay funcionarios del gobierno aprista detenidos por investigaciones relacionadas a coimas recibidas de Odebrecht en el gobierno de AGP.

Sobre Chávarry, hasta los propios fiscales del interior del país han pedido que se aparte del cargo que ostenta por las sospechas en su contra, luego de audios en los que se evidencia su conexión con la banda de Cuellos Blancos. Pedir su remoción, es exigir justicia y limpiar a la fiscalía, para evitar su manejo político.

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