El Caso Chávarry

Es vergonzoso y deplorable el camino que ha elegido el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, quien permanece aferrado al cargo a pesar de los múltiples cuestionamientos en su contra, incluida una investigación hacia su persona dentro de la propia entidad que dirige, por sus presuntos nexos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Callao”.


Ayer se realizó una nueva protesta en las calles de Lima repudiando la corrupción en el sistema de justicia y -entre otros- exigiendo la destitución del fiscal Chávarry. Es insostenible su permanencia y afecta la institucionalidad del Ministerio Público por las sospechas que recaen sobre su conducta. Recuérdese que públicamente se le ha requerido su renuncia desde distintos frentes, lo cual ha rechazado, aferrado al puesto de la institución que debe perseguir el delito.

En medio de las condiciones actuales, con un Congreso que, en su mayoría protege a ciertos involucrados en el caso “Cuellos Blancos del Callao”, y permanece de espaldas a las reformas constitucionales, la población opta por salir a las calles y expresar sus reclamos allí. El problema no es marchar, el problema es conseguir por la vía pacífica y democrática que se atiendan exigencias plenamente justificadas en defensa del estado de Derecho y para recuperar el sistema de justicia de la corrupción.
No se puede permitir que Chávarry y compañía se sigan burlando de los ciudadanos peruanos.

El caso Chávarry es tan delicado que ayer se conoció, a través de la prensa limeña, que “miembros de la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que dirige Marita Barreto, plantearon exigir al Congreso de la República la suspensión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, mientras sea investigado por el caso de los audios” (El Comercio). Además requieren la suspensión de los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, involucrados en el mismo caso de los “Audios CNM” o “Cuellos Blancos del Callao”.

Los fiscales, que han decidido asumir una posición clara y pública frente a la grave situación, reconocen en un comunicado "la insostenible situación que vive nuestra institución, por la mera intransigencia de tres altos magistrados que anteponen intereses personales sin tener en cuenta que por sobre nuestra condición de fiscales está el bienestar de la sociedad".

Una de sus sugerencias es declarar en emergencia al Ministerio Público. La medida la justifican para "que se emitan normas urgentes en busca de salidas inmediatas", y que se conforme una junta de transición. La finalidad que plantean es “dirigir la institución hasta la restitución o definición de un nuevo CNM o lo que mejor favorezca al sistema jurisdiccional del país".

No es hora de medias tintas, ni de posiciones dubitativas, el momento exige la defensa del bienestar común, de la institucionalidad, del sistema democrático, y de una lucha real contra la corrupción.

Ojalá en las próximas horas, los fiscales de todo el país demuestren su autonomía, y compromiso con los ideales de justicia a los que se deben y en conjunto sienten precedente en defensa de sus propios fueros institucionales y del país.

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