Invasiones S.A y Corrupción


Muy pocas dudas quedan de los intereses detrás de las invasiones a un costado de la Panamericana Norte, entre los km 687 y 688, en la provincia de Pacasmayo. Es la más reciente aunque no la única. Otra enorme invasión se mantiene unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Guadalupe, un poco más antigua. Y en el propio Pacasmayo, a la altura de la vía de evitamiento.

El negocio detrás, es redondo y -cómo no- implica corrupción en diferentes estamentos, de otro modo no se explica la burla a la ley en favor de unos pocos poderosos y delincuentes detrás de personas realmente necesitadas de vivienda y que son expuestas y usadas como escudos.

Detrás de quienes de verdad necesitan vivienda y -aparentemente- no encuentran lotes disponibles en las municipalidades, están grupos de traficantes de terrenos. La historia es harto conocida. Utilizan la expectativa, ignorancia y pobreza para exponer a familias que necesitan vivienda, pero los grandes ganadores de ese río revuelto son los traficantes. El argumento de la necesidad de vivienda, y las chozas de esteras, son el mejor disfraz que han encontrado estos sujetos, que actúan en bandas, con diferentes conexiones y fachadas de formalidad con otros negocios.

Hemos llegado al extremo de que en Pacasmayo, existen candidatos promoviendo invasiones. La actitud es abiertamente ilegal, su única intención es obtener votos con la promesa de que de llegar al gobierno local "legalizarán", "regularizarán" la propiedad invadida. Qué catadura moral tienen esos candidatos, qué se puede esperar de quien pretende llegar al poder bajo esos ofrecimientos.

Sujetos como los traficantes de terrenos, tienen a su favor un sistema estatal lento, sino corrupto.

Se aprovecha la lentitud del sistema judicial en estos casos, a pesar de toda la normatividad vigente que supuestamente permite intervenir en las primeras 24 horas.

Suma a favor de los traficantes e invasores, la dejadez del Ministerio Público, que no es precisamente conocido o destacado por su función de prevención del delito, y que más bien espera la denuncia oficial para actuar.

Para completar las condiciones a favor de los traficantes, las municipalidades no cumplen con el ordenamiento urbano, menos con las proyecciones de áreas de vivienda, y peor aún no transparentan la otorgación de lotes, sino que se maneja con secretismo, a favor de unos cuantos.

Es más se ha visto que municipalidades se han entrometido otorgando certificados de posesión sobre predios que no les pertenecen, sino que pertenecen a comunidades campesinas (donde hay otros problemas, y también aprovechamientos indebidos).

Finalmente, la Policía Nacional, que es la que ejecuta los lanzamientos, retrasa las disposiciones judiciales sin que se explique el motivo. Es el caso de Pacasmayo, donde el propio alcalde Aldo Navarro ha anunciado que la Policía tiene orden de lanzamiento para la invasión ubicada en la vía de evitamiento, pero hasta ahora no se cumple. Las invasiones en esta zona del país son un gran negocio con grandes brazos que la soportan y avalan. Eso debe terminar.

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