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Dictan Prisión Preventiva por 36 Meses Contra Miembros de "Cuellos Blancos del Puerto"

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El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) dictó 36 meses de prisión preventiva contra los miembros de la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que supuestamente lidera el ahora exjuez, Walter Ríos y que integran el empresario Antonio Camayo Valverde, y el exfuncionario de Onpe, José Luis Cavassa Roncalla, entre otros.

El titular del órgano jurisdiccional, Manuel Chuyo Zavaleta, impuso la misma medida a Gianfranco Paredes Sánchez y Nelson Aparicio Beizaga, asesores del exjuez Walter Ríos. De igual modo, contra el chofer Jhon Misha Mantilla, la exjefa de Administración y Finanzas de la Corte del Callao, Verónica Rojas Aguire; el exgerente de Administración, Carlos Parra Pineda, así como a los abogados Fernando Seminario Arteta y Jacinto León Montenegro.

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La medida limitativa de derechos también alcanza a los investiga dos Juan Antonio Egüez Beltrán, Jacinto Salinas Bedón y Mario Mendoza Díaz.

El magistrado Chuyo Zavaleta, además, dispuso una orden de captura para el abogado Marcelino Meneses Huayra, quien no fue a la audiencia y está en calidad de prófugo de la justicia. 

Contra ellos, la fiscal Rocío Sánchez atribuye cargos por la presunta comisión de los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado. 

Luego de varias sesiones de audiencia y debate entre las partes procesales, el juez  Chuyo Zavaleta concluyó que este caso reúne los requisitos que exige el Código Procesal Penal para dictar la medida requerida por la Fiscalía. 

Estos son: la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos atribuidos; el pronóstico de pena supera los cuatro años de prisión, así como está latente el peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad por parte de los imputados. 

Cabe recordar, que las evidencias de los ilícitos investigados están registradas en audios difundidos por la prensa y otros medios de prueba presentados durante la audiencia por la representante del Ministerio Público.  

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