Donaciones, Cesiones y Defensa del Patrimonio Municipal



Nuestras municipalidades –refiriéndonos a las del ámbito de las provincias de Chepén y Pacasmayo- deberían mantener un registro público de la relación de bienes que habiendo sido propiedad del Estado han sido cedidos en uso o donados a otras entidades, en diferentes gestiones municipales. Es una manera transparente de que la comunidad conozca si esos predios están cumpliendo su finalidad y si estando en condición de terreno sin construir están en posesión del beneficiario o han sido invadidos. Asimismo se podría conocer si los edificios cedidos cumplen con la finalidad para la que fueron confiados a terceros.

Hasta donde se conoce, ningún regidor de los gobiernos locales ni alcaldes se han preocupado por  ese asunto ordenando verificar si la relación de bienes –que debe existir- es respetada o si la donación está en manos de un tercero.

Esta última posibilidad no sería rara conociendo la picardía y la inclinación al delito que caracteriza la conducta de determinados sujetos -hombres o mujeres- acostumbrados a acumular bienes aún a costa de la invasión de propiedad  particular y/o del Estado. De esos ejemplos tenemos innumerables.

De allí la sugerencia que planteamos de contar con una lista de predios de propiedad de la ciudad, y en qué condición se encuentran. Podríamos darnos con una  sorpresa semejante a la donación que el Gobierno Provincial de Pacasmayo- San Pedro de Lloc hizo a favor de los bomberos para que promuevan la creación de una unidad de esa naturaleza que es indispensable en toda ciudad; y que hasta ahora no se hace realidad a pesar de la cantidad de años que han pasado.

La transferencia de esa propiedad se remonta  a hace más de una década y fue ocultada pese a que en la Municipalidad se sabía que el destino de la donación había sido burlada. Desde esta misma columna hemos alertado que  el bien podría terminar en manos de un vecino en actual posesión del bien. Por este caso, el alcalde Roland Aldea respondió inmediatamente declarando que ese ya no es problema de la municipalidad, sino de los bomberos, pues estos tienen la propiedad a su nombre en Sunarp.  Del resto de sus “argumentos” para exonerarse de responsabilidad es mejor no acordarse por lo vergonzoso que suenan en un gobernante que representa a una ciudad y se supone vela por sus intereses.

El de San Pedro de Lloc no sería el único caso. En Guadalupe, los pobladores antiguos recuerdan un inmueble en jirón Ayacucho, a solo media cuadra de la Plaza de Armas que se conocía como de propiedad municipal. Es dable pedir al gobierno del alcalde Wander Mora Costilla, antes de concluir su mandato, informar sobre las propiedades municipales. Como se extiende la obligación a todos los otros gobiernos municipales.

Ante la cercanía de elecciones y la llegada próxima de nuevos gobiernos municipales es necesario ordenar y aclarar ciertos aspectos y advertir sobre posibles litigios en defensa de las propiedades del Estado.  El trabajo de los gobernantes locales no puede limitarse a acudir a oficinas y las sesiones; sino que -a pesar del poco tiempo que les queda- deberían agotarlo en atender casos tan delicados como el que hoy vuelve a ocuparnos.

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