Vigilar Qali Warma

Los programas sociales gubernamentales no deben interpretarse como acciones caritativas. No  son tales. Son obligaciones de Estado para atender a sus poblaciones vulnerables en sus  urgencias sociales de vivienda, salud, etc. También para reforzar la alimentación de la población infantil y escolar eliminando o disminuyendo la anemia y la desnutrición que dificultan su desarrollo integral, el rendimiento académico.

No puede, entonces, decirse que son programas caritativos y los beneficiarios del Programa Qali Warma, por ejemplo, deben recibir los productos sin chistar aun cuando su calidad sea observada. No. Cualquier irregularidad debe denunciarse tal como lo ha hecho Miriam Esther Acosta Valderrama, docente de la IE “Ricardo Palma” del centro poblado San Martín de Porres, distrito de San José.

La preocupación de la profesora Acosta Valderrama no ha tenido eco ni ha sido compartida con la diligencia que se requiere en su institución donde –según ha manifestado- se habrían limitado a transmitir el reclamo al proveedor. Este –si es que se le llamó la atención- habría relativizado las cosas, pues la próxima entrega fue la misma, es decir habas con gorgojos.

No debe tolerarse que se juegue con la alimentación de nuestra niñez. Lo que se ha hecho es condenable y nos lleva a suponer que en otros centros educativos se replica el problema pero se prefiere el silencio. Si mantenemos esa conducta facilitamos que los fines del programa Qali Warma no se cumplan ni se alcancen los beneficios previstos.

Qali Warma depende del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis). Este año inició sus actividades distribuyendo, diariamente, a nivel nacional, 4,8 millones de desayunos y almuerzos escolares. Para su buen cumplimiento, organizacionalmente se crearon los Monitores de Gestión Local (MGL) encargados de inspeccionar las seis etapas del proceso desde la recepción de productos, su almacenamiento, preparación, servido, distribución y consumo en las II. EE. Pero se cuenta además con los Comités de Alimentación Escolar (CAE) integrado por docentes y padres de familia que deben tener un rol protagónico alertando y evitando irregularidades como la que nos ocupa.

La inocuidad de los productos  debe ser requisito primordial que debe vigilar el CAE. Nadie puede tolerar algo en contrario, pues sería como aliarse para montar un ilícito que causa vejamen a niños y niñas indefensas por cuyos derechos todos estamos obligados a velar.

Existen cómplices del mal uso que se da a importantes sumas que se asignan a la alimentación escolar, están jugando contra los intereses de nuestros hijos y del Perú. Tenemos en todo el país denuncias similares que han ayudado a descubrir organizaciones mafiosas robando y estafando literalmente al Estado, coludidos con corruptos funcionarios que se prestan a estas acciones innobles e ilícitas. Eso no debe seguir tolerándose–y se conseguirá- si es que las autoridades sectoriales cumplen su labor responsablemente. No más indiferencia ni tolerancia frente a la corrupción. La exigencia nacional es acabar con la impunidad o la benignidad con que se trata a los autores de esta clase de delitos que tanto agravio le causan a nuestro país y a todos los peruanos y peruanas de bien.

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