Chepén  |  

Alcalde de Chepén Apeló a Sentencia que lo Condena por Violación a la Libertad de Trabajo

Defensa


Se confirmó en la lectura integral de la sentencia, el adelanto de fallo, en el juicio seguido contra Nelson Eduardo Kcomt Che, en su calidad de alcalde de Chepén como autor de delito contra la Violación a la libertad de trabajo, en agravio de César Mesia Charpentier.

El exsereno despedido de sus labores ganó juicio por beneficios sociales pero no había cuando le paguen, por lo que denunció en la vía penal, y ha ganado en primera instancia.

Pese a que el fiscal del caso, Francisco Rivera Navarro, había emitido disposición de no formalizar ni continuar investigación preparatoria, esto no prosperó porque el juez consideró que el delito había sido consumado, y el proceso tenía que culminarse.

En el Exp. 227-2017-84-JPUCH recayó la sentencia contenida en la Resolución Nº 7, fecha 13 abril 2018, por la cual se condenó a Kcomt a un año de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución a condición de que cumpla con las siguientes reglas de conducta: No frecuentar lugares de dudosa reputación; prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización del juzgado de ejecución; controlarse de manera obligatoria, el último día hábil  de cada mes en la Fiscalía a fin de informar sus actividades y firmar el libro respectivo; no cometer ninguna clase de delito.

Además debe cumplir con pagar la suma de 2 mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado en el plazo de 15 días de emitida la sentencia, siendo la fecha el 27 abril 2018; debe cautelar y disponer se cumpla con pagar, en este 2018,  en forma puntual de acuerdo al cronograma aprobado con RA 006-2018-MPCH, de fecha 10 enero 2018.

Todas esas condiciones se dictaron bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la pena, en caso de incumplimiento de alguna de ellas, previo requerimiento fiscal.

Además se ordenó el pago de costas del proceso a cargo del sentenciado previa liquidación en ejecución de sentencia.

Esta lectura se hizo en la audiencia del viernes 13, la que fue presidida por el juez Ernesto Araujo Ramos de Rosas en su despacho del Juzgado Penal Unipersonal, en presencia del procesado cuyo abogado apeló. El recurso pertinente será elevado a la segunda instancia para que resuelva si se confirma o se revoca. Queda esperar.

LA SENTENCIA

La resolución comprendió la lectura de la imputación de los hechos, la calificación jurídica que recayó en la figura de un delito doloso de tipo subjetivo, indicándose que el imputado tuvo conocimiento de la resolución de cosa juzgada y no dispuso acatar la orden judicial, ni programar cronograma para hacer el pago.

Se dedicó amplio espacio a la Actuación probatoria  analizando las pruebas presentadas por las partes. Respecto de la parte acusada se dejó constancia que no se le "admitieron medios de pruebas en la etapa intermedia conforme consta en el auto de enjuiciamiento”.

En el acápite de Nuevos medios de prueba de Fiscalía se incluye "Disposición Fiscal recaída en la Carpeta 2184-2017, de fecha 30 enero 2018, declarando no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria en contra del alcalde y el Procurador Público Municipal, por el delito de Violación a la libertad de Trabajo”.

Al referirse a los Hechos y circunstancias probadas y no probadas, se mencionó que no se ha probado que el acusado alcalde, después de notificado con la Res. 05 del 13 mayo 2015, haya acatado la sentencia lo que acredita su actuar doloso. Se ha probado que el hecho delictivo se cometió por el acusado en calidad de alcalde de la MPCH desde el momento que no ordenó se dé cumplimiento al trámite de presupuesto para el pago de beneficios laborales.

Respecto de la posición del Ministerio Público para no continuar el proceso, el juez consignó: Se ha probado que la Disposición Fiscal que dispone no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria no ha tenido un debido análisis para establecer un sustento ni argumentación coherente y legal.

Otro detalle: "Se ha probado que en la Municipalidad Provincial de Chepén, no existe un buen manejo administrativo entre las áreas respectivas, en base a que se dé cumplimiento de manera oportuna conforme a los mandatos judiciales, en atención al artículo 47 del Decreto Supremo 013-2008-JUS, donde se establece  la responsabilidad del titular del pliego para disponer el trámite respectivo al ser la máxima autoridad como reza el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades."

JUICIO DE TIPICIDAD

En lo referido al análisis  de Juicio de tipicidad, el juzgador incluyó reflexiones: En el derecho moderno solo se podrá condenar si se puede probar fuera de toda duda razonable, que el investigado fue quien cometió dicho delito. Se colige que el juez para dictar una sentencia condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado, debiendo estar premunido de una investigación amparada en pruebas idóneas sustentadas en juicio oral por parte del fiscal como parte acusadora. Luego de una valoración razonada de los medios de prueba practicados en el proceso penal, emitirá una decisión judicial acorde a lo actuado en juicio oral.

Agregó: En el proceso penal el juez es libre de obtener su convencimiento porque no está vinculado a reglas legales de la prueba pudiendo también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, a través de la prueba indirecta, es decir, la prueba indiciaria.

Concluyó que en ese proceso, consta que existe un mandato judicial con calidad de cosa juzgada, derivado de proceso laboral que no ha sido atendido. Antes de la fecha de ser acusado, el alcalde nunca dispuso acatar dicho mandato.

Existe casuística sobre delito a la Libertad de Trabajo por incumplimiento de mandato judicial. Hay jurisprudencia precisando que en el proceso laboral de ejecución de sentencia bajo apercibimiento de embargo al empleador, puede recurrirse a la vía penal si consta que pese a la notificación desatiende e incumple la orden. El acusado debió acatar la sentencia pese a que no cuente con disponibilidad ni cuentas bancarias.

Al determinar la pena, el juez Araujo Ramos de Rosas tuvo en consideración la naturaleza de la acción lesiva, las circunstancias de la perpetración del ilícito así como las condiciones del acusado quien no registra antecedentes penales. Por ello se pronunció en el sentido anotado de un año de privación de libertad suspendida en su ejecución.

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