Costos de la Arbitrariedad



Buena parte de las municipalidades de las provincias de Pacasmayo y Chepén hacen frente a elevados desembolsos anuales de dinero para poder cumplir con las sentencias derivadas de procesos judiciales de naturaleza diversa. La mayoría son juicios entablados por trabajadores que denunciaron haber sido despedidos arbitrariamente.

Otras deudas provienen de juicios de empresas constructoras a las cuales se les rescinde contratos por causales cuestionables. Hay juicios promovidos por proveedores que prestaron servicios y se les niega el pago por sospecha de pactos irregulares que no llegan a acreditarse.

En todos los casos, el común denominador para concluir en la vía judicial es el incumplimiento de honrar la deuda. Trabajador que se siente afectado por despido arbitrario o proveedor que es burlado y se le desvincula del contrato, sabe que tiene expedita la vía judicial donde ganará. Ganará, porque el Estado –del que forman parte las municipalidades- siempre pierde.

Las municipalidades de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, Chepén así como la de Guadalupe arrastran desde gestiones anteriores ese pasivo, al cual han añadido los de su propia cosecha. Esos hechos originan un forado en la economía municipal, pues tiene que, forzosamente, cumplirse con el pago que corresponde a los afectados. Los pueblos son burlados en su derecho a que se administren bien sus recursos presupuestales.

No es posible que se continúe con ese tipo de acciones, botar  a unos para hacer ingresar a quienes apoyaron la campaña electoral, son amiguísimos del alcalde o de los regidores. Cada despido arbitrario tiene un altísimo costo que perjudica a la ciudad.

Lo mismo ocurre en la Junta de Usuarios Jequetepeque donde cada nueva administración que asumía funciones cae en la tentación de despedir a trabajadores que no son de su simpatía; despiden sin que exista motivo, razón por la cual los agraviados concurren a la instancia pertinente y ganan. Obtienen fallos judiciales que les reconocen pago de sus derechos, intereses y otros conceptos que suman elevadas cantidades según el caso, lo cual se agrava por no existir nada que justifique la arbitrariedad.

Cuánto dinero se ha perdido, se pierde y se seguirá perdiendo por la mala actuación de autoridades de turno. Son hechos que no deberían quedar como solo actos de prepotencia y abuso, sino que debería sancionarse a quienes resulten responsables de su comisión. No debe continuar esa corriente de impunidad de botar por botar, afectar la economía de la institución que gobiernan y los autores de la arbitrariedad -responsables del agravio económico- queden sin castigo. Despilfarran los dineros que se les encarga cuidar, lo cual deberían hacer escrupulosa y responsablemente bien.

Debería legislarse sobre el particular para establecer responsabilidades y obligar al resarcimiento a los que provoquen ese enorme perjuicio económico a sus pueblos y a sus instituciones. Se debería obligar a que, establecida la arbitrariedad, las consecuencias deberían asumirla con su propio patrimonio o en todo caso seguirles un proceso sancionador para inhabilitarlos de por vida. No merecen la confianza que se les concedió al elegirlos.

 

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