Chepén  |  

Sentencian a Alcalde de Chepén a 1 Año de Prisión Suspendida por Delito Contra Libertad de Trabajo

Defensa


El alcalde provincial de Chepén, Nelson Eduardo Kcomt Che, fue sentenciado a un año de prisión suspendida, imposición de medidas de conducta y al pago de una reparación de 2 mil soles en el caso 1685-2016 que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la libertad de trabajo, en agravio del ex sereno de la MPCh, César Mesía Charpentier. El fallo judicial fue emitido por el juez Ernesto Edward Araujo Ramos de Rosas, titular del Juzgado Penal Unipersonal de Chepén, en primera instancia.

Como estaba previsto, en la audiencia celebrada a la 1 de la tarde de ayer, se cumplió con las etapas de actuación probatoria y alegatos finales. También, de acuerdo a la aplicación del Código Procesal Penal, el magistrado adelantó sentencia, la misma que será leída íntegramente mañana viernes 13 de abril, a las 8 de la mañana, en la sala de audiencias del juzgado.

En la sala judicial estuvo el representante del Ministerio Público, fiscal Francisco Rivera Navarro, el abogado de Mesía Charpentier, Cliver Rosas Barreto, el agraviado César Mesía Charpentier; y el abogado de Kcomt, Jacinto Díaz Pulido. El ahora sentenciado alcalde no se presentó ante el juez en la audiencia final, y adelanto de fallo.

PRUEBAS Y ALEGATOS FINALES

Fueron oralizadas las pruebas, entre las que consta la sentencia que Mesías Charpentier obtuvo a su favor, para el pago de beneficios sociales, en  marzo del 2015, por parte del Juzgado Mixto de Chepén. Aunque la demanda se inicia anteriormente. La sentencia en materia laboral en contra de la MPCh, es declarada consentida el 13 de mayo del 2015, y se advierte a la MPCh el cumplimiento obligatorio de la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada. A partir de enero 2015, Kcomt ya ejercía la alcaldía.

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En mesas, abogado de Kcomt, fiscal y abogado de denunciante


También se expusieron informes entre los que consta el 019-2016, del 21 de octubre del 2016, que dirige el procurador de la MPCh, Alberto Bertini Rodríguez, al gerente municipal Luis Lingán Cubas, exhortando se cumpla con la sentencia consentida de pago de beneficios sociales a Mesías Charpentier por el monto de S/ 68,744.69, "a fin de no incurrir en faltas que generen sanciones".

Otro documento fundamental en el caso, que derivó en la sentencia condenatoria de Kcomt Che, es el informe 105-2016, del 8 de noviembre del 2016, que emite la subgerencia de Tesorería MPCh, en el que confirma al Ministerio Público que "respecto al pago del señor César Mesía Charpentier, no existe pago alguno en tesorería", confirmando el incumplimiento de la sentencia consentida.

Se contrastaron fechas y resoluciones municipales en las que se generan los cronogramas de pago a favor de Mesía Charpentier, pero esto recién ocurre cuando ya se habría consumado el delito contra la libertad de trabajo, demandado por Mesía Charpentier.

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Juez Ernesto Araujo Ramos de Rosas presidió audiencia


ADELANTO DE FALLO

El juez Araujo Ramos de Rosas detalló la  motivación de su decisión sustentándose en los actuados. El delito contra la libertad de trabajo que se imputa al alcalde Kcomt Che, fue sustentado en términos claros y precisos, deteniéndose el magistrado en lo fundamental de su argumentación.

"La imputación que de manera directa hace el Ministerio Público, está referida al Artículo 168, parte Infine, del Código Penal, que establece que la pena para aquel que comete atentados contra la libertad de trabajo, propiamente por el incumplimiento de las resoluciones judiciales ejecutoriadas por autoridad competente. Es allí donde se califica la conducta e imputación al acusado, en atención a que el agraviado Mesía Charpentier, en un proceso laboral obtuvo una sentencia favorable la cual le reconoce beneficios laborales, conforme la sentencia que corre en los actuados, de S/ 68 mil 734.69. Este es el argumento por el cual el agraviado recurre al Ministerio Público y denuncia al acusado con fecha setiembre del 2016".

Añade el juez que se indica en la demanda, que pese al requerimiento que hizo el Juzgado Mixto mediante la resolución N° 05 del 13 de mayo del año 2015, en la que se declara consentida la sentencia por beneficios laborales, y requiere el cumplimiento de la misma, se desatiende el mandato judicial.

"Pero algo importante, creo que debe resaltarse -detalla el juez-, que inclusive la defensa del acusado en audiencia anterior resaltaba mucho, es la aplicación del Decreto Supremo 013-2018, que en su Artículo 47 directamente dice en la sentencia que el titular del pliego ha de ejecutar ese mandato judicial. La defensa del acusado lo resaltó. Se advierte, entonces, conforme consta del informe de la oficina del procurador público de la Municipalidad, que fue también materia de oralización y debate, se reconoce efectivamente que no se ha cumplido con el mandato judicial, lo cual para el estadio, determinaría que se estaba cometiendo el ilícito penal, por cuanto si nos retrotraemos a la fecha, es en el año 2015, 13 de mayo 2015, que declara consentida, se le notifica y por concatenación de hechos, el procurador acepta que sí ingresó y en virtud de ello emite un informe".

El magistrado añade, "el informe data, conforme lo saben, de octubre del 2016, entonces, para establecer que concurran los presupuestos del tipo penal, la doctrina nos va a ayudar mucho. Es así que en libro "Derecho Penal", parte especial, de Tomás Aladino Gálvez, en el delito específico del Art. 168, señala quién puede ser sujeto activo. Sujeto activo, dice, puede ser cualquier persona, un funcionario público, un alcalde. Pero al hacer un análisis específico en cuanto al incumplimiento de resoluciones consentidas y ejecutoriadas por autoridad competente, resalta de manera clara que estas pueden derivar, como en este caso de mandato judicial o autoridad administrativa. Dice, este es un delito de comisión propia, donde el mandato judicial para que se cumpla debe determinarse de que quien la va a cumplir tenga la posibilidad o no de ejercer esa comisión".

Sentencia de pago de beneficios laborales quedó consentida en el año 2015, pero MPCh recién empezó a pagar en 2017 y por eso extrabajador denuncia penalmente delito contra libertad de trabajo, que ha ganado en primera instancia.

Para detallar la secuencia de la comisión del delito, explica, "vamos a hacer la cronología del hecho. Se le notifica en el año 2015, entonces, cuál fue el deber del acusado, comunicar al juzgado y al agraviado, notificarlo, voy a presupuestarlo para el otro año conforme al procedimiento que inclusive la defensa lo ha mencionado hoy. Efectivamente  hay un procedimiento. Pero tiene que informar al juzgado, también si se va a presupuestar, para que ese pago se haga. No de manera global, pero sí presupuestada. Pero si no lo hace, desatiende el mandato. Ahora dice, en cuanto al tipo subjetivo, para establecer si hay dolo en la conducta, se basa simplemente en el hecho que se acredite que haya tenido conocimiento con la notificación de que se declara consentida una sentencia. En este proceso hay una resolución judicial que establece de manera precisa que la sentencia fue declarada consentida. Además, alega la resolución, notifíquese para que se de cumplimiento. Agrega, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, lo cual si bien es cierto queda a discrecionalidad de la parte demandante. Quiero hacer mención, porque ha hecho referencia la defensa, un recurso de nulidad respecto de violación de trabajo. De manera clara nos dice, Corte Suprema, Sala Penal Transitoria, recurso de nulidad 5105-2008 La Libertad, Lima 6 de abril del año 2010. Claramente establece que puede haber presupuestos donde el juez no necesariamente siguiendo el trámite que hace en mención, el señor juez puede dictar la medida tal cual como dictó acá, la medida de hacer el apercibimiento de la ejecución forzada, dice, y si este a criterio del demandante en su oportunidad no lo quiere así y recurre a la vía penal, bien puede hacerlo. Es por ello que falla no haber la nulidad interpuesta y señala que sí existe la comisión del delito de violación de derecho de trabajo. En ejecutorias penales, sabemos que esto nos da guías o pautas para establecer cómo ha de resolverse".

El juzgador, retomando las líneas del caso en cuestión, detalla, "en autos se ha probado que el acusado es el representante legal de la Municipalidad Provincial de Chepén, al tener la condición de alcalde. En virtud de ello, el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que él es el máximo administrativo. Es el que da las pautas correspondientes de cómo se va a girar y cómo la municipalidad va a corresponder. En virtud de ello, con la sentencia que de manera clara y precisa en la parte final establece que se notifique para que se dé el procedimiento conforme dispone el artículo 47 del Decreto Supremo 013-2008. Se establece que se notifique al titular del pliego, vuelvo a reiterar una vez más, en la resolución número 5 establece se dé cumplimiento al titular del pliego. Entonces, vemos que estos hechos advierten que en su tiempo se cometió el delito, y para eso el artículo 9° del Código Penal establece la fecha en que se comete un delito, al advertir cómo han de enfrentarse después las consecuencias jurídicas. Si se ha hecho un cronograma en el 2018, eso no lo va a eximir de que en el 2015 debió comunicar y dar el trámite correspondiente para que el 2016 se haya presupuestado. No es para el 2017, en que se hicieron pagos o algunos pagos, que en su informe señalan haberse efectuado".

“Entonces en este orden de ideas, quiero hacer mención y encuadrando los hechos,  quiero hacer mención que estos hechos se suscitaron estando en aplicación la sexta disposición complementaria modificatoria de la Ley 29873, del 20 de agosto 2011, que establecía que esta pena no podía ser mayor de 2 años, entonces esto debió también ser precisado en la acusación fiscal, entonces, para eso está el juez para analizar, revisar, contrastar con el sistema jurídico de leyes porque no va ser coger el código y poner la pena actual, sino que en su momento esa sanción era no mayor de 2 años”.

Un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un año,  por el delito de violación a la libertad de trabajo y cumplimiento de reglas de conducta. Por reparación civil, deberá pagar 2 mil soles.

PENA

Concluye con el adelanto de sentencia que "teniendo en cuenta que el acusado no tiene antecedentes penales, se va a condenar al acusado, Nelson Eduardo Kcomt Che, a un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un año, en agravio de César Mesía Charpentier, por el delito de violación a la libertad de trabajo. Por reparación civil, al pago de la suma de 2 mil soles, que es el monto estimado que ha solicitado el Ministerio Público. Las reglas de conducta son no variar de domicilio, concurrir a Fiscalía el último día de cada mes a firmar en un libro de control portando su DNI, no cometer ninguna clase de delitos. Debe pagar la reparación civil en un plazo de 15 días a favor del agraviado. Y última regla de conducta, observar el cronograma de pagos establecido. En caso de desatención de cualquiera de las reglas de conducta, se aplicará el artículo 65 inciso tercero del código penal para su revocatoria".

El magistrado reiteró que fallo será leído en audiencia mañana viernes 13 de abril, a las 8 de la mañana. Dio por notificadas a las partes.

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