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Directora Encargada de ISTE Guadalupe Será Enjuiciada por Dos Delitos

Img 5780  Instituto Educación Superior Tecnológico Público Guadalupe Provincia Pacasmayo 2017

El juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, Luis Alejandro Pérez León, celebró audiencia pública de control de acusación en la denuncia fiscal contra la directora encargada del ISTE Guadalupe, Leslie Hayde Saldaña Avalos, por actos cometidos en su desempeño docente en el año 2012, en el mismo ISTE.

Saldaña Ávalos deberá enfrentar juicio, acusada por la presunta comisión de dos delitos: cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio, por los que fiscalía pide 13 años de prisión en total. 

El caso es investigado desde el año 2015 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con sede en Trujillo.

En la audiencia -celebrada el jueves 25, en la sala del Juzgado- se presentó el fiscal Juan Manuel Rodríguez Malqui. A su lado se ubicó el representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción de La Libertad, Carlos Valverde Valderrama.

Por la defensa acudió el abogado defensor público, Salvador Domínguez Rugel, en reemplazo de su colega, Marino Díaz Rimarachín.

El fiscal precisó que un tercer hecho, solo quedó anotado como manifestación pero no se ha formalizado en denuncia.

Rodríguez Malqui recordó que el caso estuvo en manos del exfiscal Regis Oliver Chávez Sánchez.

Indicó que a Saldaña Ávalos, en su calidad de docente del ISTE Guadalupe, se le imputa la presunta comisión de dos hechos delictivos. 

Según la denunciante Yessy Yunicia Herrera Suárez, Saldaña Avalos le solicitó un par de sandalias marca Azaleia para asignarle prácticas en un Hospital cercano. Por este delito (cohecho pasivo impropio) fiscalía solicita 6 años de pena privativa de la libertad y 6 años de inhabilitación, y el pago de una reparación civil de 4,000 soles al Estado.

Por sus notas bajas y para "ayudarla", Saldaña Avalos solicita a la misma denunciante un par de sábanas marca Nancy y la suma de 190 soles; aunque al final solo entregó un juego de sábanas de otra marca y 80 soles. Por este hecho (cohecho pasivo propio), la fiscalía solicita 7 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación por igual tiempo y el pago de una reparación civil de 6,000 soles al Estado.

El fiscal precisó que un tercer hecho, solo quedó anotado como manifestación pero no se ha formalizado en denuncia. Se trata de la expresión de una alumna quien al conocer los hechos denunciados por Herrera Suárez, contó que a ella también le pidieron un equipo de disección. 

Para el fiscal, el caso configura un concurso real de delitos.

Para el fiscal, el caso configura un concurso real de delitos, por lo que en total pide 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación.

La defensa trató de argumentar que se trataba solo de un hecho, e intentó objetar la pena solicitada.

Fiscalía reiteró argumentos y precisó que para establecer las penas se ha tenido en cuenta como atenuante, el hecho de que Saldaña Avalos no tiene antecedentes;  y como agravante, que se haya guiado por el beneficio económico propio en el ejercicio de la función pública que se le ha encomendado.

La defensa intentó incluir nuevos testigos cuya versión sería que ese tipo de entregas corresponden a donaciones y no a una coima. Sin embargo el juez observó que eso debió requerirse en la etapa intermedia. En aquella fecha la defensa solo presentó 4 testigos, que ya están considerados para responder en el proceso, precisó el juez.    

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El juez declaró válida la acusación, coincidió en que se trata de un concurso real de delitos; validó la calificación, penas requeridas, y medios probatorios. 

Tras la audiencia el juez Luis Pérez León, en declaraciones a Últimas Noticias, explicó que los delitos de cohecho pasivo propio e impropio, son lo que comúnmente se conoce como los pedidos de coima o soborno, para cumplir con una función que es obligación, o para violar su función. En este caso se dieron los dos, según la calificación fiscal.

Añadió que el caso no será elevado al Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Pacasmayo, sino que pasará a uno de los dos juzgados anticorrupción recientemente creados para que funcionen en Trujillo.

NADA DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

La gerencia de Educación de La Libertad tiene estos mismos casos en supuesta investigación administrativa, desde el año 2014. En el 2016 encargó la dirección a la imputada Saldaña Avalos.

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