Chepén  |  

Audiencia de Control por Caso de Corrupción se Frustra Desde el 2015 por Ausencias de Fiscal


Es para no creer. Pero, es cierto. Un caso de presunto delito de corrupción en el que están imputadas dos trabajadoras de la Municipalidad Provincial de Chepén puede quedar cubierto por el manto de la impunidad. Desde el 2015 se viene reprogramando una audiencia de control de acusación. Las audiencias no se realizan por inconcurrencia del Ministerio Público.

El caso tiene tal notoriedad que preocupa al juez de Investigación Preparatoria de esa provincia, Wilson Manayalle Sánchez que no dudó en pronunciarse.

El jueves 4 de enero debía realizarse una audiencia reprogramada de control de acusación en un proceso por la presunta comisión de delito de Peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Chepén. Esa audiencia –reveló el magistrado- viene reprogramándose desde el 12 de octubre del 2015, por diversas causas atribuidas a la Fiscalía de delitos Anticorrupción de Funcionarios de La Libertad, con sede en Trujillo.

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El juez Manayalle afirmó que desde la referida fecha, la audiencia “se viene reprogramando constantemente".

"Lamentablemente, vuelve a frustrarse (la del jueves 4) por inconcurrencia de Fiscalía. Esto nos preocupa y tomaremos apremios del caso”, manifestó el juez.

Las imputadas en el caso son las trabajadoras de la comuna de Chepén, María del Pilar Marrero Cabrera y Luz Angélica Ramírez Apolitano. La Fiscalía deberá acreditar quiénes son los responsables del delito que presume se ha perpetrado en agravio del municipio chepenano.

El juez precisó era audiencia de Acusación y Sobreseimiento. La frustración se debió a la inasistencia del fiscal del caso, por estar disfrutando de su periodo de vacaciones. Se fijó nueva fecha, esta vez la audiencia debe realizarse el 16 de mayo a las 9 de la mañana. Se espera que en esa ocasión ya no existan más pretextos para dilatar el caso.

PRECISIONES

Los hechos se habrían cometido en el año 2008, periodo de gobierno del alcalde Wilfredo Quesquén Terrones, quien actualmente se halla en prisión. El caso fue detallado con informe N° 128-2008- MPCH-OPEP, su fecha 5 de diciembre 2008, emitido por el entonces director del Plan Estratégico y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chepén, Javier Julca Verástegui.

Julca detallaba en ese informe de la presunta adulteración de un total de 130 recibos  de ingresos a Caja. El informe precisó: “Después del análisis y el respectivo cruce de información en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas Públicas y con la verificación de la información, se concluyó que existe adulteración de 130 recibos de Ingresos a Caja, dejando de recaudarse un monto de S/13,885.15, causando un perjuicio económico a la entidad”.

El informe describió que el 16.06.2008 en Caja municipal se expidió el recibo N° 21409  a nombre de Freddy Alberto Cubas Acosta quien canceló S/ 1,600 por pago de Impuesto de Alcabala (código 1).

Sin embargo, la copia que obra en control de Caja aparece un pago de solamente 9 soles, y el código es el 4 que corresponde a Derecho de Trámite. Aquí se produjo una defraudación de S/  1,591 soles, precisa el informe.

El 10.09.2008 se repite la historia  con dos recibos extendidos a Luz Aurora Clavo Cabanillas, quien pagó Impuesto de Alcabala y pagó S/ 1,133 en una operación, y S/ 1,142.20 en otra, conforme consta en los recibos que tenía la contribuyente. Pero en el talón de control municipal solo se consignaba en pago de 5 soles por cada recibo.

De acuerdo con el Informe Julca, contribuyentes pagaron en total S/ 16,381.26, pero a Caja solo ingresaron S/ 2,496.11lo que significa una defraudación de S/ 13,885.15, en las operaciones en las que fue posible detectar esas irregularidades.

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COMISIÓN

Una vez conocidos los hechos que dieron lugar a una serie de comentarios sobre presuntas gruesas irregularidades en la administración municipal, se conformó una comisión investigadora encargándose la presidencia al regidor Pedro Cáceres Alvarado.

Se desconoce qué medidas se adoptaron y cuál fue la conclusión de la citada comisión.

Ahora el caso debe ser resuelto por la justicia, siempre que el Ministerio Público cumpla con su función. 

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