San Pedro de Lloc  |  

Solamente Proveedor es Hallado Culpable en Denuncia por Corrupción en Municipalidad de Jequetepeque

Juez Vojvodich Juicio Jequetepeque


Con la solitaria sentencia condenatoria de prisión suspendida contra el proveedor Segundo Oswaldo Mercado Romero de Citycon SAC, se confirmó el sentido de la sentencia emitida por el juez Penal Unipersonal de Pacasmayo, Juan Iván Vojvodich Tocón en el caso de la ejecución de la obra de saneamiento por exoneración realizada durante el gobierno del prófugo alcalde de Jequetepeque, Martín Álvarez Castañeda.

Fueron absueltos de los cargos de negociación incompatible, colusión, peculado y falsedad ideológica los procesados Alejandro Merino Huamán, Augusto José Pérez Ramírez, Wilder Eduardo Chávez Mercado, Eloísa Etelvina Ramírez García, Blanca Noemí Cruz Ramírez y Edgar Javier Quispe Cruz.

El juez Vojvodich había citado a audiencia de lectura de sentencia para ayer lunes 18. A la cita no asistió el representante del Ministerio Público, aunque sí estuvo presente la representante de la Procuraduría Anticorrupción, María Elena Solís Mendoza.

Juez-Vojvodich.jpg?mtime=20160722094202#asset:48658


LOS HECHOS

El juzgador repasó los planteamientos del caso en los que el Ministerio Público detallaba que el 8 de junio del 2011, el Concejo Distrital de Jequetepeque aprobó la propuesta del entonces alcalde Álvarez para que se exonere de proceso de selección, bajo causal de desabastecimiento inminente, la obra de “Mejoramiento de la Red Colectora Alcantarillado de Jequetepeque”. 

La exoneración se aprobó en base a informe del ex jefe de DIDU, y ahora prófugo Richard Danny Monteza Sánchez, así como en la opinión de asesoría jurídica externa elaborada por los abogados Alejandro Merino Huamán y Wilder Eduardo Mercado Chávez. Ambos informes, señalaba la fiscalía contendrían información falsa que justificaría la exoneración de proceso de selección de la obra antes mencionada. La obra se adjudicó, sin embargo el MP advirtió que los informes de DIDU y asesoría legal fueron presentados a las 9.45 de la mañana y la constatación del juez de paz se hace a la 1 de la tarde y se presenta a la municipalidad a las 5.45 de la tarde del mismo día.

Con la exoneración mencionada, el Comité especial permanente presidido por el gerente municipal Edgar Quispe Cruz y Augusto Pérez Ramírez, por invitación, adjudican la obra a la empresa Citycon SAC por el monto de S/ 207 mil 895. El MP observó que la empresa tenía apenas 3 meses de constituida y no contaba con experiencia en el tipo de obras. Nuevamente el MP halla incoherencias en las fechas pues la invitación a la empresa se produce el día 10 de junio, y es recibida por Segundo Mercado Romero el 11 de junio, pero la suscripción del contrato se realiza el 10 de junio. El Ministerio Público dedujo que se confeccionó documentación para dar “formalidad” al ilícito investigado.

Otro hecho reseñado por el MP fue que el día 11 de Junio 2011, Richard Monteza Sánchez, supuestamente acompañado por Fredy León Valdivia, por la MDJ, entregan el terreno a Citycon SAC para la ejecución de obra. Los trabajos recién empiezan el 14 de junio, sin embargo el 20 de junio, 6 días después, la empresa presenta su primera valorización por el 50% del monto de la obra equivalente al mismo porcentaje de avance  por S/ 101,159.91. El monto fue pagado por la MDJ, encontrándose que dicha valorización no sería verdadera, incluso contenía la firma falsa del residente de obra Herbert Asmad Quiroz. En la teoría fiscal, de este hecho tenían pleno conocimiento Monteza Sánchez, Quispe Cruz y la tesorera Blanca Noemí Cruz Ramírez.

Durante las investigaciones, tanto el supervisor de obra, Fredy León Valdivia, y el residente Asmad Quiróz negaron haber suscrito algún documento con la MDJ, no conocían el distrito y rechazaban que las valorizaciones hubiesen sido firmadas y selladas por ellos. Las siguientes valorizaciones habrían tenido el mismo tratamiento llegando incluso a obtener ampliaciones de plazos de ejecución de obra con pagos adicionales de obra con la venia del ex alcalde  Álvarez Castañeda y gerente Quispe Cruz.

Finalmente, el MP apunta a un tercer hecho complementario y paralelo en el tiempo. Danny Monteza Sánchez y Martín Alvarez Castañeda, jefe de DIDU y alcalde, respectivamente, aprovechando el contexto de la exoneración, habrían “armado”  la documentación para la contratación del supervisor de obra Fredy León Valdivia por S/ 12 mil. Para hacerse del dinero de la supervisión fantasma, Alvarez y Monteza habrían buscado contactar a León Valdivia para que firme los documentos de la contratación. En la presunta consumación del ilícito, Monteza Sánchez, Álvarez Castañeda, en complicidad con la tesorera encargada Eloísa Etelvina Ramírez García en total S/18,800 en dos pagos a León Valdivia por una supervisión que asegura no realizó ni cobró.

MP PIDE CONDENAS

Por los presuntos ilícitos descritos, tanto representante del MP y Procuraduría buscaron sustentar las penas solicitadas. Cinco años de prisión e inhabilitación para Augusto José Pérez Ramírez y Edgar Javier Quispe Cruz en calidad de autores del presunto delito de negociación incompatible. Bajo la misma figura penal pero en calidad de cómplices primarios a Segundo Oswaldo Mercado Romero, Alejandro Merino Huamán y Wilder Eduardo Chávez Mercado. A estos dos últimos se les imputaba además el delito de falsedad ideológica por los informes que emitieron para sustentar la exoneración del proceso de selección de la obra.

Por otro lado, enmarcados en presunto delito de colusión fueron procesados Blanca Noemí Cruz Ramírez, Edgar Javier Quispe Cruz como coautores solicitándose para ellos la pena de diez años de prisión e inhabilitación. Segundo Oswaldo Mercado Romero le asignarían la presunta participación como cómplice primario con la misma pena, además de la autoría del delito de Uso de documento falso.

Finalmente, Eloísa Etelvina Ramírez García fue procesada por el presunto delito de peculado por apropiación y se solicitaba 5 años de prisión e inhabilitación en el cargo e incapacidad para contratar con el Estado. La reparación que se solicitaba a favor del Estado era en total S/ 200 mil.

Sobre el autor

Prensa

Somos un equipo de periodistas trabajando de la mano de nuestros aliados, los ciudadanos.

Escríbenos a prensa@undiario.pe y síguenos en @UNDiario