Días Decisivos para Perú

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Estamos en una semana cuyos días son decisivos en una etapa extremadamente difícil como la que vive el Perú ante la posibilidad de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es una medida extrema indeseable por los efectos que tendrá en la suerte del país. Las consecuencias se han comenzado a sentir desde que el Congreso aprobara admitir a discusión el pedido de vacancia.

Los discursos escuchados en la sesión del jueves  de la semana pasada reflejaron claramente que la mayoría de congresistas tiene ya una posición definida. La vacancia es el relato de una crónica anunciada desde que Kuczynski juramentó para ejercer la primera magistratura del país. La posibilidad de que se diera, era alta teniendo un Congreso adverso con una mayoría aplastante que se impone en todo lo que se propone.

La situación del presidente Kuczynski empeoró cuando se conoció su declaración que no había celebrado contrato con Odrebecht o con alguna empresa vinculada a la firma brasileña, y después admitió que si lo hizo. Se complicó más cuando el responsable de Odrebecht en el Perú, remitió una comunicación a la Comisión Lava Jato detallando las ocasiones en que la empresa Westfield Capital –propiedad de Kuczynski- le prestó servicios de asesoría financiera.

El mandatario se ha defendido diciendo que allí no hay corrupción, no se ha pagado coima, son servicios brindados lícitamente a un privado, no al Estado Peruano, que él nada tuvo que ver sino el gestor Gerardo Sepúlveda, su socio en otras empresas. Afirma que él se mantenía alejado de la empresa que reconoce como suya pero que la manejaba Sepúlveda, y los ingresos que percibió son por dividendos pero no porque él haya contratado con el Estado Peruano. Si bien –como afirma- no hay corrupción, son servicios prestados a una empresa privada, y que todo está bajo contrato que no conocía, son pagos bancarizados, que fueron declarados y por los cuales se tributó conforme a ley.

El gran problema radica en que parte de esos pagos fueron hechos siendo Kuczynski ministro en el gobierno del presidente Alejandro Toledo. En condición de ministro estaba impedido de  prestar servicios a terceros, pues su dedicación es al Estado.

Como es de verse, la situación es complicadísima. El jueves 21, el primer mandatario deberá acudir al Congreso para explicar los hechos y para asumir su defensa. Es un acontecimiento histórico del que está pendiente no solo la población peruana sino la de muchos países. Por eso mismo hay que demandar a los parlamentarios, ecuanimidad en sus intervenciones. Quien cree tener la razón -o la tiene- no necesita acudir al insulto ni a la diatriba. Hay congresistas que, desgraciadamente, tienen un comportamiento más que vulgar, y sus expresiones rebasan ese nivel.

El Perú espera de ellos y ellas, declaraciones y análisis responsables, respeto al debido proceso y a la institucionalidad del país bastante maltratada en los últimos tiempos. Estamos en una hora muy difícil en la que es necesario dar muestras de madurez y demostrar que realmente no se está tratando de destruir a instituciones claves en la gobernabilidad.

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