San Pedro de Lloc  |  

Juez Exculpa a Acusados en Caso de Obra de Alcantarillado de Jequetepeque

Audiencia Vojvodich Jequetepeque 5 Diciembre 2017


El juez Juan Iván Vojvodich Tocón, del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Pacasmayo, en audiencia realizada el martes 5 de diciembre, absolvió a algunos de los acusados por diversos delitos derivados de una obra de alcantarillado contratada por la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, en el año 2011. Por este hecho y otros, el exalcalde de Jequetepeque, Pablo Martín Álvarez Castañeda, y su ex jefe de Desarrollo Urbano se encuentran prófugos de la justicia, y en calidad de los más buscados con recompensa del gobierno nacional.

Según la parte descriptiva de la sentencia, que se leerá completamente el lunes 18 de diciembre a las 12 del día, el juez Vojvodich Tocón no halló responsabilidad en algunos de los trabajadores municipales porque -según su análisis- cumplían con sus funciones. Está pendiente de resolver la acusación relacionada con uso de documento falso. 

Veamos los casos, según la lectura de la parte descriptiva de la sentencia.

El juez exculpó a Eloísa Ramírez García, exsecretaria de Álvarez Castañeda, por el cargo de Peculado por Apropiación. La fiscalía acusó a Ramírez -entre otros- porque se reunió con Fredy Martín León Valdivia, el cual -como testigo de la fiscalía- declaró nunca trabajó para la MDJ ni recibió dinero de esa entidad, a pesar de figurar como supervisor de la obra.  

La Fiscalía anticorrupción de funcionarios y la Procuraduría pública le imputaban responsabilidad, por la que solicitaban una pena de prisión de 5 años así como inhabilitación y S/ 30 mil como reparación civil al Estado.

De acuerdo al análisis del juez, la Fiscalía sostiene que la reunión que sostuvo Ramírez García con el ingeniero Fredy Martín León Valdivia, supuestamente generó el pago de 12 mil. El magistrado señaló que la figura penal no alcanzaba a la imputada. 

“Me pregunto, todas las municipalidades emiten cheques en calidad de no negociables e intransferibles. Es decir, solo y solamente pudo cobrarlos León Valdivia. Desde ese punto de vista, ¿cómo puede probar la Fiscalía que ese dinero ha sido apropiado por Eloísa Ramírez García? El tipo penal dice, el servidor público que se apropia. Entonces, ¿cómo se prueba que la señora se ha apropiado de manera directa ese dinero y lo ingresó a su patrimonio? Se le hizo la pregunta al señor fiscal, si el cheque se cobró. Dijo que no se podía precisar. Sostiene que existe un recibo emitido en el sistema que sustenta pago de dinero. Pero el recibo no ha sido firmado por la acusada Eloísa Ramírez. Además, el tipo penal estipula, exige, que para ser denunciado, debe tener la calidad de funcionario público, pero además de ello debe tener la condición, importante, que el agente tenga bajo su poder o esfera, la condición importante de poder pagar o entregar el dinero. Si la señora no tenía facultad para hacer cheques, firmar, pagar, ¿se ha podido apropiar del dinero? El juez considera que no. Por esos argumentos se considera que la acusada debe ser absuelta de los cargos formulados por el Ministerio Público y así debe ser plasmado en la sentencia final”, dijo el juez.

COLUSIÓN

Luego el juez se refirió al delito de colusión contra los trabajadores  Edgar Quispe Cruz y Blanca Cruz Ramírez; y el proveedor Segundo Mercado Romero.

El juez se preguntó si la fiscalía probó que hubo  acuerdo entre los tres para pagar la valorización de la obra al sexto día.

"La Fiscalía trae un montón de indicios, que así los denomina, que es su primera factura de la empresa. Yo me pregunto, ¿acaso no hay empresas que emiten recién una primera factura y que trabajan para el Estado? Per se, ¿ese hecho se considera como un hecho negativo? El juez considera que no (...) Eso de que la empresa no tenga "experiencia", ¿la limita de manera definitiva a formar o a contratar con el Estado? El juez considera que no", añadió.

Más adelante manifestó: "Tengan en cuenta que la vía penal es la vía más gravosa del derecho. Tengan en cuenta que la Fiscalía está pidiendo 10 años de pena privativa de la libertad, es decir, que a tres ciudadanos se les va a privar su libertad. Le pregunto, la autoridad administrativa ¿no pudo, o pudo subsanar este hecho, sancionándolos, imponiéndoles una multa? O ¿no pudo, en todo caso, suspender a la empresa por contratar con el Estado?".

Otra consideración del juez fue: "debe tenerse en cuenta que el señor Quispe Cruz y la señora Cruz Ramírez cumplen una función en su deber de actuar. ¿Cuáles son sus deberes de actuar? Obviamente frente a las facturas, frente a los informes que se han materializado mediante esta empresa Citycom, ¿ellos tienen la capacidad de poder decir, un momentito estas facturas son falsas y por lo tanto no pagar? Eso no les corresponde. Ese es un hecho que le corresponde de manera posterior a la Contraloría General de la República, verificar si es correcto o no (...) Si estos dos sujetos han actuado dentro de un deber objetivo y cuidado formal, sin incumplir un deber funcional, no podemos acusar de corrupción, por tal motivo en este primer orden se debe absolver al señor Quispe Cruz y a la señora Cruz Ramírez".

Añadió: Además de ello, se debe tener en cuenta que el señor Mercado Romero (representante de la empresa Citycom que ejecutó la obra) tiene la calidad de cómplice primario, al no haber autor del delito de colusión, no es posible poder condenar al señor Mercado Romero en calidad de cómplice primario. Por ello, también debería ser absuelto de todos los cargos.

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DOCUMENTO FALSO

"Dejando constancia que con respecto al uso del documento público falso, el juez se va a reservar a fin de verificar la documentación respectiva, porque la Fiscalía ha sostenido que estos documentos han sido presentados por la empresa Citycom, y el juez entiende que para probar el uso de documento público falso, el autor del hecho, el señor Mercado Romero, debe tener la condición o al menos de tener el conocimiento de que esos documentos son falsos. En ese sentido, vamos a verificar con la actividad probatoria documental si se puede demostrar que efectivamente ha sido así, de lo contrario es evidente cual será el pronunciamiento judicial”.

TERCER HECHO

El juez continuó: “Con respecto al tercer hecho que la Fiscalía denomina primer hecho, la negociación incompatible, a los señores (Alejandro) Merino Huamán, y (Wilder) Chávez Mercado (abogados). El juez ha tenido pronunciamientos reiterados en ese sentido, que el simple hecho de que se emita un informe legal o un visto bueno de parte de los abogados, no puede considerar a los abogados de las entidades públicas como cómplices primarios. Ellos emiten informes que no tienen la calidad de vinculantes frente a la autoridad administrativa. En este sentido, era el comité".

Se refirió al caso  (Juan) Lingán Ríos (exalcalde de Pacasmayo), "el juez también ya ha absuelto al señor Miguel Gómez Mejía, que fue abogado de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. Que si bien es cierto al señor alcalde Lingán Ríos fue condenado a pena efectiva, pero el abogado por haber hecho este informe y haber dado el visto bueno a las escrituras públicas, per se, ese hecho no lo convierte en cómplice primario del delito de negociación incompatible".

"Tiene que haber, además de ello, abundante actividad probatoria. El hecho de que ellos emitan un informe, en este caso el señor Merino Huamán, un visto bueno, o sea un sello redondo, donde se halla una media firma, per se, ¿lo convierte en cómplice primario y por ello le vamos a privar su libertad 5 años? Considero que se estaría excediendo la fiscalía en sus funciones atribuyendo al imputado una calidad jurídica que no le correspondería. Además de ello, se está pidiendo concurso ideal el de falsedad ideológica. Pregunto, si ese informe legal tiene la calidad de público o privado, primero. Y en segundo orden, lo que se ha informado en ese informe legal es falso, como bien ha hecho la defensa de los acusados Merino Huamán y Chávez Mercado, ellos hacen referencia a un informe que ha sido emitido por el señor (Augusto) Pérez Ramírez, en su condición de jefe de la entidad de la municipalidad".

"Entonces, el hecho de tener como referencia un antecedente, un informe, per se, se está introduciendo hechos falsos, entonces la pregunta que nos hacemos al igual que el uso de documento público falso, ¿los señores sabían que lo que estaba en el informe, que les sirvió para dar su informe legal eran falsos?, ¿conocían y pese a ello lo informaron?", agregó.

"La Fiscalía tiene que haberlo probado, si no lo puede probar,  si no lo ha probado también, tendrían que ser absueltos los acusados. En ese sentido, considero que no pueden ser considerados como cómplices primarios, ni coautores de falsedad ideológica en agravio del Estado”.

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NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

El juez Vójvodich Tocón siguió: “Quiero detenerme en el hecho de los señores Pérez Ramírez, Quispe Cruz y Mercado Romero como autores del delito de negociación incompatible y cómplices primarios. Es evidente, el juez no puede desconocer lo que han venido a declarar aquí dos testigos que son el residente de obra y supervisor de la obra. ¿Qué han dicho esos señores? En todo momento han hecho mención que no conocieron a la empresa Citycom, no conocían al señor Pérez Ramírez, ni a Cruz Ramírez, ni al señor Mercado Romero. Pero conocían a terceras personas que están inmersas en el proceso penal, pero están en calidad de contumaces (se refiere al exalcalde Martín Alvarez Castañeda y al ex jefe de Desarrollo Urbano, Dany Monteza Sánchez)".

"Obviamente, en mérito a ello la Fiscalía no puede hacer ningún tipo de acción hasta que ellos sean habidos y traídos a juicio oral. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto es posible que estos dos señores, supervisor y residente de obra, previamente hayan otorgado sus recibos por honorarios. La Fiscalía, en mérito al principio acusatorio, son los que ven la acción penal. Yo no puedo determinar que esos señores sean incorporados al proceso. Es una facultad de la Fiscalía, así lo han creído conveniente y el juez respeta la posición de la Fiscalía, pero ese hecho simple de dar certificados o recibos por honorarios en blanco de manera anterior o posterior a personas como han sido señalados, el señor (Dany) Monteza y el señor (Martín) Alvarez, han servido para generar todas estas irregularidades que se han dado a nivel de esta exoneración de contratación de esta obra de alcantarillado".

El juez se reservó "el derecho para determinar si efectivamente existe responsabilidad penal de Pérez Ramírez, Quispe Cruz y Mercado Romero como cómplices primarios y además de ello, algo bien importante que el juez quiere dejar constancia, de qué manera un hecho anterior y un hecho posterior pueden generar una tipificación de un hecho independiente. Por ejemplo, el hecho de que se haga pago de obras adelantado, ¿genera delito de colusión? Por qué no considerar que todos estos actos anteriores concurrentes y posteriores son mismos hechos de un delito, negociación incompatible. Por qué la Fiscalía separa, disgrega. Hay que tener en cuenta que cada conducta es autónoma, pero si la Fiscalía trae a juicio un delito de negociación incompatible en la que todos de una u otra manera se han interesado, los actos posteriores también sirven para probar la negociación incompatible y no necesariamente para generar un nuevo tipo penal como sería el caso de colusión".

El juez va a considerar si efectivamente, con respecto al uso del documento público falso, en el caso de Mercado Romero, con la calidad de autor, "es un delito independiente o puede formar parte del delito de negociación incompatible y por ello traer como consecuencia su responsabilidad penal”.

El juez dio por concluido el enunciado descriptivo de la sentencia y citó a todos los sujetos procesales para el lunes 18 de diciembre de 2017, a las 12 del día. En ese día, deberán concurrir de manera obligatoria para escuchar la lectura integral de la sentencia. En ese momento, dijo el juez, las partes que se consideren vencidas podrán interponer el recurso de apelación que crean necesario.

El Ministerio Público ha adelantado que al ser adversa la sentencia, se apelará.

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